La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este martes un nuevo proyecto sobre discapacidad con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, tras una jornada de negociaciones que terminó con un respaldo de más de dos tercios. El oficialismo consiguió sumar apoyos del peronismo y dejó el texto en condiciones de avanzar al Senado.
La votación superó los dos tercios
El rechazo fue encabezado por ocho cordobeses de Provincias Unidas y de Unión por la Patria, en sintonía con organizaciones de su provincia que cuestionaron no haber sido convocadas al debate y dijeron desconfiar de que el Gobierno cumpla. También votó en contra la ex libertaria mendocina Lourdes Arrieta.
Durante la tarde, la legisladora libertaria Laura Rodríguez Machado sostuvo reuniones con diputados de las bancadas federales y de Unión por la Patria para cerrar los últimos retoques del dictamen. En el recinto, agradeció el apoyo de la mesa política y afirmó: “La sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal”.
Oscar Herrera Ahuad, diputado misionero y jefe del bloque Argentina Federal, actuó como mediador y fue quien enumeró al inicio del debate los cambios que pedían las organizaciones. Luego, Gerardo Huesen, presidente de la comisión de Discapacidad, confirmó: “Vamos a aceptar todas las modificaciones”, y el recinto estalló en aplausos.
Financiamiento, pensiones y plazos de pago
El texto incorporó la fuente de financiamiento, después de que aliados del oficialismo condicionaran su voto a ese punto. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo en $598.912 millones para 2027.
Además, se modificó la delegación al Poder Ejecutivo para fijar los requisitos de acceso a una pensión por discapacidad y esos criterios quedaron especificados en la ley. Entre ellos, se estableció que la persona no debe percibir ingresos económicos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles.
La iniciativa también garantiza la continuidad del programa médico de atención y cobertura de salud para quienes cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral o por discapacidad, conocido actualmente como Incluir Salud. A la vez, fija plazos para pagar deudas por compensaciones a prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y la cancelación total deberá concretarse dentro de los 90 días corridos.
En paralelo, el proyecto mantiene el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual por IPC de las prestaciones y la posibilidad de cobrar una pensión no contributiva junto con un trabajo registrado. Con ese giro, el oficialismo retrocedió frente al esquema de ajuste que había quedado planteado en el proyecto de Presupuesto 2027 y que el propio Poder Ejecutivo había enviado al Congreso.
Después de la votación, Juan Marino confirmó que Unión por la Patria acompañaría. Dijo que habían dialogado con las organizaciones para definir una postura que permitiera mejoras y no regresiones, aunque advirtió que, para superar la emergencia, el Gobierno debe cumplir la ley.
Con los cambios incorporados, la discusión dejó de centrarse solo en el texto y pasó a la disputa política por el control de la iniciativa. Mientras el oficialismo celebró haber impuesto su proyecto, la oposición sostuvo que fue forzado a dar marcha atrás.
La discusión pasó al terreno político
Entre los opositores, algunos especularon con que la visita del Papa León XIV fue una de las razones que empujó al oficialismo a ceder. También se mencionaron tensiones internas entre Luis Caputo y Martín Menem, aunque esas lecturas circularon como interpretación de diputados que participaron de las negociaciones.
