Cuando a Juana Disla le pidieron 100.000 pesos para que un abogado representara a su sobrino en una audiencia de medida de coerción, la familia no pudo reunir el dinero. El joven, de 18 años, terminó en prisión preventiva y fue enviado a la cárcel de Najayo.
La búsqueda de otra defensa tampoco resolvió el problema: les ofrecieron asumir el caso por 50.000 pesos, una suma igual de lejana para una familia que, según Disla, vive con ingresos bajos. En medio de esa presión, acudieron a la Oficina Nacional de Defensa Pública, que ofrece asistencia legal gratuita a personas sin recursos para pagar un abogado.
Más casos y más prisión preventiva
Entre 2021 y 2025, la Defensa Pública recibió 121.746 casos nuevos y registró 595.562 atenciones a usuarios, familiares y otras personas que acudieron por información, orientación o asistencia, de acuerdo con estadísticas oficiales suministradas a Diario Libre.
Los expedientes ingresados subieron de 20.768 en 2021 a 26.232 en 2025, un alza de 26,3 %. En los primeros seis meses de 2026 se contabilizaron 12.498 casos adicionales.
La mayor cantidad de expedientes de 2025 se concentró en la oficina de la provincia Santo Domingo, con 2.829, seguida de Santiago, con 2.027, y el Distrito Nacional, con 1.809.
Los registros también muestran un aumento de las medidas de prisión preventiva impuestas en los procesos atendidos por la institución: pasaron de 5.105 en 2021 a 6.833 en 2025, un incremento de 33,8 %.
En ese mismo período, las garantías económicas clasificadas por la ONDP como de imposible cumplimiento aumentaron de 1.106 a 2.245.
- Entre 2021 y 2025, la institución contabilizó además 13.129 descargos, 16.718 extinciones de la acción penal y 9.938 autos de no ha lugar en la jurisdicción ordinaria.
Aunque ofrece cobertura en todo el territorio nacional, la Defensa Pública todavía no dispone de oficinas abiertas al público en Constanza, Dajabón, Nagua, Samaná y El Seibo. Según la institución, en esas localidades se continúa ofreciendo asistencia legal.
Déficit de defensores y carga de audiencias
Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, explicó que una persona sin recursos para contratar un abogado puede pedir asistencia directamente en la institución o a través del tribunal donde se conoce su proceso.
Cuando un imputado comparece sin representación legal, el juez puede solicitar que se le asigne un defensor público. También puede acceder al servicio quien ya no tenga dinero para seguir pagando a un abogado privado.
“El tribunal el mismo día envía un oficio a la Defensa Pública y en 24 horas nosotros le asignamos un defensor público”, aseguró Santos.
El funcionario dijo además que la institución realiza visitas semanales a los centros penitenciarios para dar seguimiento a los procesos y detectar casos en los que los privados de libertad llevan meses sin comunicarse con sus abogados particulares.
Según sus cifras, la ONDP cuenta con 210 defensores públicos de carrera y 129 abogados adscritos, pero necesita 250 defensores adicionales. Señaló que cada defensor maneja entre 300 y 500 casos, una carga que dificulta estudiar los expedientes y preparar las audiencias.
Para ampliar el servicio, indicó que 70 aspirantes concluyeron recientemente su formación y fueron distribuidos en distintas oficinas. También anunció un concurso para otros 80 defensores, cuya incorporación está prevista para enero de 2028.
Santos sostuvo que las limitaciones presupuestarias dificultan aumentar el personal, debido a que cerca del 90 % de los recursos de la institución se destina a nómina.
Ocho o diez audiencias en un solo día
Francisco Vásquez, defensor público, describió una rutina en la que hay jornadas con ocho o diez audiencias, además de la revisión de expedientes pendientes.
“Ciertamente, el tiempo aquí persigue, la carga es mucha”, reconoció.
Vásquez explicó que el trabajo no se limita a comparecer ante un juez. Los abogados deben revisar las circunstancias del arresto, examinar las pruebas del Ministerio Público, preparar los argumentos de defensa y, cuando el imputado está preso, visitarlo para conocer su versión.
También atienden a personas que, en muchos casos, enfrentan por primera vez un proceso penal y desconocen lo que puede ocurrirles. “Yo tengo miedo, yo nunca he caído preso”, recordó que le dicen algunos imputados.
El defensor consideró que la situación económica sigue marcando diferencias entre quienes enfrentan la justicia y resumió así una tensión que se repite en los tribunales: tener o no tener dinero puede definir, desde el inicio, la capacidad de defensa.
