La Red de Sociedad Civil del Proceso de Quito alertó el 22 de octubre, en Ciudad de Panamá, que los venezolanos siguen sin tener garantías para regresar al país y que las causas de la salida continúan vigentes.
Retorno condicionado por empleo, seguridad y servicios
Ana María Diez, presidenta de la Coalición por Venezuela y coordinadora de la red, sostuvo ante representantes de los Estados miembros, agencias de Naciones Unidas y organismos internacionales que el regreso depende de empleo, seguridad, servicios públicos, estabilidad institucional y la posibilidad de entrar y salir legalmente de Venezuela.
Diez resumió el planteamiento con una frase directa: la disposición en la diáspora no sería volver de inmediato, sino hacerlo si el país ofrece garantías.
La red citó un estudio de Think Anova publicado en octubre de 2026, que estima que 889.702 adultos en Venezuela manifiestan deseo de emigrar y que 249.268, equivalentes a 28,02 %, tienen un plan concreto para hacerlo en los próximos 12 meses. Esas cifras reflejan intenciones declaradas, no salidas ya ejecutadas.
La RESC también advirtió sobre el uso de redes de trata de personas para facilitar retornos inseguros, en un contexto de mayores restricciones a las vías de regularización migratoria en la región.
Además, señaló el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes como una de las crisis de protección más graves e invisibilizadas de América Latina y el Caribe. Diez añadió que las redes criminales y los actores armados operan de forma transnacional, mientras las respuestas institucionales siguen fragmentadas.
En la plenaria del Proceso de Quito, los Estados miembros adoptaron una declaración conjunta sobre protección de personas migrantes, refugiadas y retornadas, prevención de la trata, protección de niños, niñas y adolescentes e integración socioeconómica. La red presentó aportes técnicos sobre protección ante el doblete sísmico en Venezuela, integración socioeconómica, niñez y adolescencia, enfoque de género y cooperación académica.
