Caracas.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) pidieron este martes reforzar la respuesta humanitaria en Venezuela y la protección de los derechos humanos tras el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.
La CIDH advierte sobre una emergencia con más presión sobre hospitales y servicios
En un comunicado publicado en su página web, ambos organismos señalaron que el Estado venezolano debe garantizar de manera “integral y transparente” los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente para personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad, tanto durante la emergencia como en la recuperación y reconstrucción.
La CIDH y la Redesca sostuvieron que los sismos se produjeron en un contexto previo de “ausencia de Estado de derecho y de emergencia humanitaria”, factores que, según afirmaron, limitan la capacidad estatal de respuesta.
También indicaron que existe preocupación por los vacíos estadísticos que impiden dimensionar los daños y que no hay información oficial consolidada sobre personas desaparecidas o no localizadas. Agregaron que organizaciones de la sociedad civil reportan que al menos 29.484 personas aún no habrían podido ser contactadas.
A más de un mes de la emergencia, los organismos dijeron que el sistema hospitalario continúa bajo “presión crítica” y que persisten dificultades con el acceso al agua potable y al saneamiento. A ello sumaron la necesidad urgente de atención en salud mental y apoyo psicosocial.
Persisten obstáculos para atender a damnificados y recuperar cuerpos
Los organismos afirmaron que siguen las limitaciones para remover escombros, identificar fallecidos, entregar restos a familiares y gestionar cuerpos, además de una presunta sobrecarga en morgues y servicios forenses y barreras económicas para acceder a servicios funerarios.
Sobre los campamentos temporales, señalaron preocupaciones por la alta ocupación, la seguridad y la insuficiencia de servicios de agua, saneamiento e higiene, condiciones que podrían aumentar el riesgo de enfermedades. También mencionaron reportes de Naciones Unidas sobre riesgos de protección en albergues y un incremento de las cargas de cuidado para mujeres y niñas.
La CIDH y la Redesca dijeron haber recibido información sobre restricciones de acceso a zonas afectadas para la prensa, obstáculos al funcionamiento de centros ciudadanos de acopio, retención de insumos destinados a comunidades, problemas en la coordinación de la ayuda, revocación de permisos a un equipo médico internacional y retención de vehículos con suministros.
Ante ese escenario, exhortaron al Estado venezolano a garantizar información pública oportuna, accesible y verificable sobre la emergencia y las acciones implementadas, además de asegurar el acceso a salud, agua potable, saneamiento, alimentación y vivienda en las comunidades afectadas y en los albergues temporales.
Asimismo, pidieron adoptar todas las medidas necesarias para una gestión digna de los cuerpos y procesos adecuados de búsqueda, recuperación, identificación y entrega de personas fallecidas, con respeto a sus familiares y a las prácticas culturales y religiosas de las comunidades.
Sobre los desplazamientos internos, la CIDH solicitó mecanismos adecuados de registro, información y acompañamiento para las personas afectadas, facilitar la reposición de documentos perdidos y garantizar que cualquier traslado, reubicación o retorno sea voluntario, informado, seguro y digno, con preservación de la unidad familiar.
Finalmente, llamaron a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener un apoyo coordinado y sostenido a la respuesta humanitaria y a la reconstrucción del país, con participación de las comunidades afectadas y de la sociedad civil en el diseño, implementación y seguimiento de esos procesos.
