El procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo este lunes que la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público de la República Dominicana están encabezados por funcionarios que hicieron carrera dentro de esas instituciones, y calificó ese hecho como un avance para el sistema judicial.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Camacho afirmó que la coincidencia de ambos cargos en manos de personal de trayectoria interna representa “un acontecimiento histórico” y una señal de fortalecimiento institucional. Su publicación puede verse en su cuenta de X.

Justiniano Montero Montero asumirá la Suprema Corte

El comentario llegó horas después de que el Consejo Nacional de la Magistratura escogiera a Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, en una sesión encabezada por Luis Abinader en el Palacio Nacional. Montero será juramentado el próximo martes y sustituye a Luis Henry Molina, quien decidió no someterse a una nueva evaluación.

Montero fue ratificado como juez de esa alta corte el pasado 8 de septiembre por un período de siete años. Antes de su elección, presidía la Primera Sala, encargada de conocer asuntos civiles y comerciales.

Ingresó a la Suprema Corte en abril de 2019, luego de iniciar su carrera judicial en diciembre de 1998 como juez de paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional. Es oriundo de El Cercado, en la provincia San Juan, y se graduó de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1989.

El Ministerio Público también quedó en manos de carrera

Camacho también destacó que el Ministerio Público está dirigido por Yeni Berenice Reynoso, quien ocupa el cargo de procuradora general de la República. Reynoso es abogada y maestra, oriunda de Luperón, en Puerto Plata.

Su trayectoria en el Ministerio Público comenzó en 1999 como paralegal voluntaria en la Fiscalía de Santiago. Desde entonces, ha trabajado en investigaciones y procesos judiciales de relevancia, además de realizar estudios especializados en litigación penal, derecho procesal penal y derecho constitucional.