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A 2 años de la muerte de la ecologista hondureña Berta Cáceres

El 2 de marzo se cumple dos año del asesinato de Berta Cáceres, líder y activista feminista, en defensa de los recursos naturales y de los derechos de las comunidades indígenas en Honduras. 

El asesinato de Berta puso de manifiesto la situación de riesgo grave en que se encuentran los defensores de derechos humanos, de los pueblos indígenas y de los bienes comunes de la naturaleza que luchan contra la explotación de sus territorios en Honduras. Entre 2012 y 2015 el COPINH, la organización a la que pertenecía Berta Cáceres, sufrió el asesinato de al menos diez de sus integrantes (Santos Alberto Domínguez Benítes, Tomás García, Nelson García, Lesbia Yaneth Urquía, Olayo Hernández Sorto, William Jacobo Rodríguez, Moisés Durón Sánchez, Maycol Rodríguez, Irene Meza y la propia Berta Cáceres).

El Relator Especial para personas defensoras de la ONU ha denunciado que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como la colusion existente entre gobiernos y empresas para cometer ataques y asesinatos.  «En estas condiciones, no podemos permitir que nuestros gobiernos se laven las manos. Consideramos que España debe auditar y revisar los recursos de cooperación con Honduras y los apoyos a infraestructuras y megaproyectos en dicho país a través del Banco Centroamericano de Integración e infraestructura».

Con ramos de flores blancas y velas encendidas en su escritorios, los diputados opositores hondureños protestaron este miércoles 1 de marzo en el Congreso Nacional por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, perpetrado hace dos años.

La diputada del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre) Olivia Zúniga Cáceres, hija de la ambientalista, anunció la presentación de una moción para «anular la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca (…) que asesinó a Berta Cáceres».

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada por pistoleros que entraron a su casa en La Esperanza, a unos 120 km al oeste de la capital, entre la medianoche del 2 y la madrugada del 3 de marzo del 2016.

Ocho personas están presas como sospechosos de ser autores materiales del crimen, incluyendo empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que estaba construyendo una represa del proyecto «Agua Zarca» en el río Gualcarque, en territorio indígena lenca.

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