El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche del 12 de junio la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero,…
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche del 12 de junio la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, identificado como líder de la organización criminal Tren de Aragua. La operación, según lo difundido, habría tenido lugar en el epicentro del denominado Arco Minero del Orinoco.
El anuncio volvió a poner el foco sobre la realidad del sur de Venezuela y sobre la forma en que han sido administrados sus territorios y riquezas, en particular en la Amazonía venezolana, considerada una de las reservas naturales más valiosas del planeta por su biodiversidad, sus minerales y sus fuentes hídricas.
Minería, violencia y control territorial
En esa región, la falta de controles, la debilidad institucional y la voracidad por las rentas mineras habrían contribuido a un escenario marcado por la violencia, el crimen y la destrucción ambiental. El balance del llamado socialismo del siglo XXI en materia minera aparece descrito como más grave que en el resto de la vida económica, social y política del país.
La dimensión del daño aún no estaría plenamente conocida dentro de Venezuela ni en el ámbito internacional, debido a que se trata de una vasta zona selvática, alejada de los principales centros poblados y con escasa presencia institucional.
En ese contexto, se consolidó una red de mafias dedicadas a la explotación aurífera, mientras la minería pasó a funcionar también como un mecanismo para comprar lealtades políticas y sostener respaldos mediante la distribución irregular de enormes riquezas.
Del discurso ambientalista al ecosocialismo
El discurso ambientalista que acompañó la campaña presidencial de Hugo Chávez en 1998, así como la posterior propaganda oficial sobre el llamado ecosocialismo, terminó reducido a una consigna. No se habría aplicado una política seria, responsable y sustentada técnicamente para proteger y administrar de forma racional los recursos naturales de la región.
La minería artesanal e ilegal desarrollada durante años por pequeños grupos de buscadores de oro fue sustituida por una estructura más peligrosa. Organizaciones criminales, grupos armados irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y actores vinculados al poder político y militar venezolano se repartieron amplias zonas de la Amazonía para explotar sus riquezas sin control institucional.
Daño ambiental y riesgo hidroeléctrico
Las consecuencias ambientales son descritas como devastadoras. La destrucción de extensas áreas boscosas amenaza la biodiversidad y también las fuentes hídricas que alimentan ríos fundamentales para Venezuela, entre ellos el Orinoco y el Caroní.
La situación pone en riesgo ecosistemas de alto valor, entre ellos el Salto Ángel, y compromete además la capacidad de generación hidroeléctrica que durante décadas figuró entre los principales logros de la Venezuela democrática.
La intervención indiscriminada de grandes espacios geográficos ya estaría afectando el equilibrio hídrico de la región y amenazando el funcionamiento de los complejos hidroeléctricos instalados en Guayana. A ello se suma la destrucción de suelos, la contaminación de las aguas y la extracción irracional de minerales sin planificación ni estudios de impacto ambiental que permitan recuperar las áreas intervenidas.
El resultado es la acumulación de enormes pasivos ambientales, sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela. Miles de hectáreas han sido devastadas durante estos 27 años de revolución, y su recuperación exigiría inversiones cuantiosas y esfuerzos sostenidos durante décadas.
Llamado a recuperar el territorio amazónico
Frente a esta realidad, se plantea la necesidad de detener la expansión descontrolada de la actividad minera, impedir que continúe la destrucción de la selva amazónica y establecer reglas claras para la explotación racional de los recursos existentes.
La riqueza aurífera del país, según ese planteamiento, debe convertirse en una palanca para el desarrollo nacional y no en una fuente de enriquecimiento para grupos privilegiados. El oro extraído en el sur de Venezuela no habría servido para mejorar los servicios públicos ni la calidad de vida de la población; por el contrario, habría financiado estructuras de poder, comprado fidelidades políticas y enriquecido a sectores vinculados al régimen.
Las principales beneficiarias de esa actividad han sido las mafias y organizaciones criminales que operan en la zona, dejando a su paso violencia, contaminación, erosión y devastación ambiental.
El episodio relacionado con Niño Guerrero volvió a llamar la atención internacional sobre la existencia de estas estructuras criminales y sobre la incapacidad del régimen para ejercer un control efectivo en una región estratégica para el futuro de Venezuela.
El país necesita recuperar la soberanía sobre su territorio amazónico, erradicar las organizaciones criminales que hoy lo dominan y emprender un amplio programa de restauración ambiental. También resulta indispensable desarrollar un modelo de aprovechamiento racional de los recursos minerales que convierta esa riqueza en bienestar para los venezolanos y no en una fuente permanente de corrupción y destrucción.
Solo así, concluye el planteamiento, será posible preservar un patrimonio natural esencial para la vida, la producción de agua, la captura de gases de efecto invernadero y la conservación de tesoros naturales como el Salto Ángel.
