La ONG SOS Orinoco denunció este 19 de junio que el avance de la minería ilegal en la región Amazonía-Guayana venezolana no obedece a una simple pérdida de control territorial, sino a una política institucional promovida de forma deliberada por la administración de Nicolás Maduro y figuras de su entorno.
En una publicación difundida en su cuenta de Instagram, la organización señaló como responsables o facilitadores de esa expansión a Delcy Rodríguez, Cilia Flores, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.
Un proceso de desmantelamiento prolongado
SOS Orinoco afirmó que su análisis, que abarca los últimos 25 años, muestra que el Estado venezolano fue desmantelando las operaciones mineras formales y los proyectos industriales sometidos a regulaciones técnicas y ambientales.
Según la ONG, esa política de expropiaciones afectó tanto a corporaciones trasnacionales como a la empresa estatal Minerven, lo que abrió un vacío operativo e institucional que luego fue ocupado por la minería ilegal, mafias corporativas y grupos armados.
La organización sostuvo que la destrucción causada por la minería ilegal en la Amazonía-Guayana venezolana no fue un accidente ni una simple pérdida de control, sino el resultado de un esquema orientado a beneficiar a particulares con las riquezas de la nación.
Expropiaciones y condenas internacionales
Para la ONG, el proceso comenzó a hacerse visible desde 2008, cuando fue revocada la concesión de Gold Reserve Inc. Esa medida derivó en un litigio internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI), que condenó a Venezuela al pago de 769 millones de dólares por daños y perjuicios.
Más adelante, en 2011, la confiscación de los depósitos auríferos de Crystallex provocó otra condena financiera contra el Estado venezolano por 1,2 millardos de dólares. SOS Orinoco señaló que ese escenario consolidó una deuda multimillonaria para el país, al tiempo que se abandonaron por completo los estándares de impacto ambiental en las zonas de extracción.
La organización añadió que la institucionalización de este modelo alcanzó su punto más alto en 2016 con la promulgación del Decreto 2.248, que creó el Arco Minero del Orinoco como una iniciativa presidencial para obtener ingresos alternativos mediante un esquema extractivista.
En ese contexto, la ONG denunció que ese modelo facilitó la entrega de minas a bandas y estructuras del pranato minero como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Tren de Aragua.
Daños ambientales y reparto de ganancias
Con imágenes satelitales y pruebas cartográficas, SOS Orinoco comparó el estado de las áreas mineras durante dos décadas. La organización aseguró que en 2006 esos espacios albergaban infraestructura legal y campamentos técnicos construidos bajo regulaciones, mientras que para 2026 se habían convertido en grandes cráteres de erosión y lagunas contaminadas con mercurio que afectan las cuencas hidrográficas de la Amazonía venezolana.
En sus estimaciones financieras hasta 2024, la ONG indicó que el 66 % de las ganancias netas generadas por la explotación ilegal de oro, equivalente a 3,73 millardos de dólares, quedó en manos de jerarcas militares y civiles de la administración estatal.
Agregó que los grupos armados irregulares y las bandas criminales que controlaban el territorio y la seguridad operativa de los yacimientos recibían el 20 % de los dividendos, calculados en 1,13 millardos de dólares.
En contraste, sostuvo que el Estado venezolano solo obtenía 8 % de los ingresos por vía fiscal, equivalentes a 455 millones de dólares, mientras que las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV) captaban 6 %, es decir, 337 millones de dólares.
La ONG también mencionó el colapso de la mina Bulla Loca en 2024, que dejó 16 muertos y 36 heridos, como una muestra del “caos operativo” en la zona.
