Expertos advierten que las estructuras armadas se reacomodan en la frontera con Colombia y la Amazonía, mientras la minería ilegal persiste en Bolívar y Amazonas.
Los grupos guerrilleros y otras organizaciones criminales mantienen una dinámica de expansión y control territorial en Venezuela que, según especialistas consultados, no ha sido contenida por los operativos militares ejecutados en los últimos años. Aunque algunas intervenciones desplazaron actividades en zonas puntuales, las redes armadas conservan espacios de actuación y mecanismos para replegarse y volver a operar en otros puntos.
El criminólogo y especialista en seguridad Pedro Barrueco Pérez afirmó que la presencia de grupos criminales transnacionales en la frontera colombo-venezolana es histórica y advirtió sobre el riesgo de que los espacios usados como refugio terminen convertidos en asentamientos permanentes.
Campamentos, corredores y repliegue en la frontera
Barrueco sostuvo que los 2.200 kilómetros de frontera facilitan la instalación de campamentos, posiciones de defensa y corredores de movilidad que permiten a esas estructuras desplazarse, replegarse y sostener sus operaciones. Según dijo, durante años hubo falta de acción en ambos lados de la frontera y un cambio reciente de doctrina de seguridad en Colombia.
El especialista explicó que antes de esa modificación las autoridades colombianas impulsaban enfoques orientados a acuerdos de paz y desescalada del conflicto, mientras que ahora el esquema se basa en catalogar a esos grupos como “narcoterroristas” y aplicar una campaña con Fuerzas Armadas, fuerzas públicas y fiscalías para cercarlos.
También señaló que, antes de ese viraje, los guerrilleros cruzaban al lado venezolano, donde encontraban refugio y un alivio temporal para sus actividades. A su juicio, esas organizaciones combinan narcotráfico, terrorismo y la búsqueda de desplazar al Estado formal, por lo que las autoridades colombianas las definieron de esa manera.
Barrueco agregó que el tráfico de migrantes también funcionó como una economía ilícita para esos grupos durante la salida masiva de venezolanos en años recientes. Dijo que aprovecharon esa diáspora para obtener ingresos y operar en las rutas fronterizas.
La minería ilegal no desaparece, se mueve
El informe Situación de los derechos humanos en Venezuela 2025, elaborado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos y publicado en mayo pasado, documenta la presencia de grupos armados irregulares, organizaciones criminales y redes vinculadas en territorios indígenas. El texto describe ocupación de comunidades, control de minas y rutas fluviales, reclutamiento de jóvenes y desplazamientos forzados.
Emiliano Terán Mantovani, sociólogo e investigador de Provea y del Observatorio de Ecología, afirmó que la continuidad de la minería ilegal y la presencia de grupos criminales persisten en la Amazonía venezolana, incluso después de operativos militares para desalojarlos. Mencionó el Parque Nacional Yapacana, en Amazonas, donde se redujo la actividad minera, pero luego se detectó su reanudación.
Terán explicó que el problema no es solo la permanencia de la minería, sino su avance sobre nuevas cuencas hidrográficas. Dijo que ese desplazamiento puede detectarse mediante imágenes satelitales y que también hay focos de reimpulso en el río Caroní y en afluencias menores.
El investigador sostuvo que cuando un operativo despeja un área no elimina la minería, sino que la traslada a otro sitio junto con la logística asociada. Por eso planteó la necesidad de un enfoque multidimensional y no únicamente militar para enfrentarla.
Además, advirtió que la expansión minera ha provocado daños ambientales difíciles de remediar, entre ellos la remoción de suelos del escudo guayanés, la deforestación y la destrucción de cuencas hidrográficas. Señaló también que la actividad puede afectar de forma grave al río Caroní, clave para la generación hidroeléctrica del país.
Mercurio, comunidades indígenas y daño ambiental
Terán indicó que en el estado Amazonas la minería está prohibida desde 1989, por lo que toda actividad extractiva allí es ilegal. Añadió que uno de los problemas más alarmantes es el uso de mercurio, un componente que se acumula en el tejido de las especies y permanece en él sin revertir sus efectos.
El investigador dijo que algunos estudios han detectado concentraciones de mercurio en integrantes de comunidades indígenas por encima de los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Explicó además que las comunidades no necesitan trabajar directamente en las minas para quedar expuestas al metal.
Según describió, en la minería aluvial se bombea agua del río hacia una piscina excavada en el terreno, se vierte mercurio y luego se cernía el material para separar las partículas de mineral amalgamadas. Esa práctica contamina el entorno y afecta a poblaciones cercanas.
Terán advirtió que el mercurio permanece en los peces y en los ríos, y puede desplazarse por la cuenca del Orinoco hasta llegar al delta, en el extremo oriental de la Amazonía. Dijo que eso compromete la soberanía y la seguridad alimentaria de comunidades indígenas cuya dieta depende del pescado, pero que en algunos casos han dejado de consumirlo por temor a intoxicarse.
También afirmó que, en varias zonas de Bolívar y Amazonas, persisten conflictos relacionados con la extracción de minerales como la casiterita y el estaño, además de asedios a trabajadores mineros y comunidades indígenas cuyos territorios han sido degradados o desplazados por el avance de estas economías ilegales.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.