La entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Minas no ha logrado reanimar la actividad extractiva en el país, la cual se mantiene estancada en niveles inferiores a la quinta parte de su potencial histórico. Pese a las reformas implementadas para atraer capital externo, la ausencia de una normativa reglamentaria y las trabas en la gestión pública impiden que los acuerdos preliminares se transformen en proyectos operativos.

Obstáculos institucionales y vacíos normativos

El panorama institucional del rubro fue analizado por el presidente de la Cámara Minera de Venezuela (Camiven), Luis Rojas Machado, durante una entrevista concedida al programa Dos Más Dos de Unión Radio. El directivo gremial explicó que la promulgación de la ley resultó insuficiente para afianzar el flujo de recursos extranjeros, ya que el sector carece de la seguridad jurídica secundaria que otorga un reglamento formal.

En su criterio, las aproximaciones comerciales vigentes permanecen en el terreno de los compromisos políticos y convenios de entendimiento —entre los que destacan firmas como Mercuria y Heeney Capital—, sin lograr materializarse en contratos definitivos de ejecución por la opacidad y los retrasos del aparato estatal.

Burocracia y permisología administrativa

La permisología administrativa constituye otro de los factores críticos para la industria extractiva. Según advirtió el vocero gremial, los lapsos requeridos para la constitución legal de una firma abarcan entre seis meses y un año, a lo que se suma la dilatada tramitación de autorizaciones ambientales y de explotación ante el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas.

Adicionalmente, el sector apunta al Registro Único Minero como un obstáculo operativo que ralentiza el libre ejercicio empresarial, relegando la reactivación del campo a una etapa preliminar en términos legales y procedimentales.