Vente Venezuela denunció el 17 de septiembre la detención del exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, Javier Oropeza, y sostuvo que “la persecución en Venezuela continúa, en manos de Delcy Rodríguez”. El mensaje fue publicado por Vente DD. HH. en X después de que Oropeza regresara al país tras más de dos años en el exilio en España.

Oropeza fue detenido en Barquisimeto, de acuerdo con el reporte del partido y con la cobertura de la detención en Barquisimeto. Horas más tarde lo presentaron ante un tribunal y quedó excarcelado con medidas cautelares, entre ellas restricciones relacionadas con sus declaraciones sobre el caso.

La ONU mantuvo la alerta por el aparato represivo

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió el 16 de septiembre que el aparato represivo estatal seguía “intacto”, pese a avances parciales en derechos humanos durante el período evaluado, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

El informe reconoció una reducción importante de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, sobre todo las de larga duración, y la liberación de cientos de personas detenidas por razones políticas. También observó más espacio para protestas y actividades de la sociedad civil.

Aun así, la misión señaló que seguían en pie estructuras de los organismos de inteligencia y seguridad, además de leyes usadas para criminalizar la disidencia. También registró nuevas detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, junto con patrones de intimidación, vigilancia y arrestos breves contra personas identificadas como opositoras tras el 3 de enero, cuando se produjo el cambio político mencionado por el organismo.

La continuidad de las detenciones también aparece en registros de organizaciones y medios. Efecto Cocuyo recopiló casos ocurridos en 2026, incluidos arrestos por publicaciones en redes sociales, mensajes compartidos por aplicaciones de mensajería y participación en protestas. Esa investigación citó datos de Foro Penal, que contabilizaban 32 detenciones o encarcelamientos hasta el 5 de octubre y 322 presos políticos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó preocupación por las condiciones de detención y por la permanencia de personas privadas de libertad por motivos políticos. El 6 de octubre informó que, con base en datos de Justicia, Encuentro y Perdón, al menos 196 militares y funcionarios activos o retirados seguían detenidos por razones políticas al 20 de septiembre. Luego, el 21 de octubre, otorgó medidas cautelares a favor de Jesús Alberto Cadenas y Elías Daniel Salazar por riesgos para su vida, integridad y salud.

Delcy Rodríguez anunció el 30 de enero una amnistía general y, el 19 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Pese a esas excarcelaciones, los señalamientos de detenciones arbitrarias y persecución política continuaron durante 2026.