El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa y otras organizaciones de la Alianza por la Libertad de Expresión en Venezuela pidieron a la Asamblea Nacional la derogación definitiva de la Ley Contra el Odio durante una consulta pública realizada el 11 de noviembre en el Parlamento.
En el encuentro con el Parlamento, el SNTP presentó sus observaciones al proyecto de reforma parcial y sostuvo que, aunque el texto elimina las penas de prisión, conserva un esquema de control administrativo sobre las expresiones y los medios de comunicación, con categorías sancionables amplias y facultades relevantes para el Poder Ejecutivo.
Las objeciones del sindicato
La organización recordó las consecuencias que ha tenido la aplicación de esa norma sobre el periodismo. Para enero de 2026, el SNTP registraba 40 casos de periodistas presos o judicializados, de los cuales 28 estaban vinculados con imputaciones por delitos previstos en la Ley Contra el Odio.
El sindicato advirtió que el alcance de la ley va más allá de las detenciones y los procesos judiciales. También puede generar temor a investigaciones o sanciones, condicionar decisiones editoriales, desalentar trabajos periodísticos y empujar a las fuentes a guardar silencio.
Entre sus reparos, cuestionó las definiciones del artículo 4 del proyecto, sobre hostigamiento, mensajes discriminatorios y mensajes de violencia. A su juicio, expresiones como “temor”, “angustia” y “zozobra”, además de las referencias a alteraciones del funcionamiento de las instituciones, permiten interpretaciones que podrían usarse contra investigaciones sobre corrupción, denuncias periodísticas o reclamos ante las autoridades.
El SNTP también señaló que la excepción incluida para ciertas opiniones políticas y expresiones periodísticas no cubre de forma expresa todas las conductas que podrían ser sancionadas por vía administrativa.
Además, objetó el artículo 21, que prevé multas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia, junto con trabajos comunitarios y programas educativos de entre 200 y 600 horas.
Para el sindicato, esas sanciones pueden comprometer el patrimonio de periodistas independientes y la continuidad de medios de comunicación. También rechazó el artículo 24, que atribuye al ministerio competente en justicia la sustanciación y decisión de los procedimientos sancionadores.
En la misma línea, expresó preocupación por las obligaciones impuestas a medios y plataformas digitales: el artículo 13 permite ordenar la difusión de contenidos durante treinta minutos semanales; el artículo 15 exige retirar de inmediato determinados mensajes; y el artículo 23 contempla procedimientos administrativos contra prestadores de servicios de comunicación.
