Acceso a la Justicia pidió corregir el baremo publicado por el Comité de Postulaciones Judiciales el 2 de noviembre de 2026 para evaluar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. A su juicio, el instrumento mejora la transparencia al hacer públicos los criterios y las puntuaciones, pero mantiene fallas metodológicas y normativas frente a la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Las objeciones al baremo
La organización sostuvo que el diseño convierte en techo de puntuación requisitos que la Constitución fija como mínimos para optar al cargo. Señaló que el artículo 263 exige 15 años de ejercicio profesional, docencia universitaria en ciencias jurídicas o carrera judicial, pero el baremo otorga puntos desde el primer año y fija el máximo al llegar a 15, sin distinguir entre la elegibilidad y el mérito adicional.
Según su análisis, ese esquema permitiría que un aspirante acumule puntos por una experiencia insuficiente y compense esa carencia con otros renglones, incluida la entrevista, que vale hasta 15 puntos. También cuestionó que el sistema no premie con más puntaje a quien supere los 15 años de experiencia.
En la vía docente y académica, la ONG dijo que el baremo no separa con claridad la exigencia mínima de 15 años de docencia universitaria del mérito adicional, y además no exige la condición de profesor titular prevista en la Constitución. Recordó que la Sala Constitucional, en la sentencia 1.562 del 20 de diciembre de 2000, interpretó que esa condición no requiere el máximo escalafón universitario, sino un nombramiento ordinario o definitivo.
