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Justicia

Sala Penal ratifica 30 años a Henry Muñoz Betancourt

La condena quedó firme tras la revisión de la Sala Penal del TSJ. El caso se remonta a su arresto en 2021 en el estado Bolívar y a cargos por terrorismo y municiones.

Autor · Sucesos y Justicia

Wilmer P.

Reportero de sucesos y seguridad de Panorama, con cobertura en el Zulia y Venezuela.

264 artículos publicados

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia confirmó la condena de 30 años de prisión contra Henry Muñoz Betancourt, según la sentencia 499 emitida el 23 de octubre. Con esa decisión, quedó ratificada la pena impuesta en su contra por un caso vinculado con presunta actividad irregular en el estado Bolívar.

La sentencia mantuvo la pena máxima

En el fallo se indica que Muñoz Betancourt integraba una célula Tancol, siglas que traducen terroristas armados, narcotraficantes colombianos, y que su supuesta misión en Venezuela era crear desestabilización, de acuerdo con las investigaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El proceso judicial comenzó el 27 de febrero de 2024 ante el Tibunal Primero Antiterrorista y concluyó el 13 de diciembre de ese año, cuando fue condenado a 30 años de prisión. Esa decisión fue ratificada el 8 de diciembre de 2025 por la Corte de Apelaciones Antiterrorista, antes de la revisión más reciente de la Sala Penal.

Arresto, incautación y acusación fiscal

Muñoz Betancourt fue detenido el 22 de septiembre de 2021 en la avenida principal de El Guarataro, municipio Sucre (Maripa) del estado Bolívar, por agentes adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En ese momento, los funcionarios le incautaron cinco cartuchos de fusil 7,62×39 mm.

El Ministerio Público le imputó los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de municiones de guerra en la modalidad de ocultamiento y asociación para delinquir. La Fiscalía sostuvo además que financiaba las actividades de la célula Tancol que operaba en las montañas de Maripa, al mando de Julio Sanabria, a quien atribuyó intimidar a la población para extraer oro de minas artesanales como El Silencio, Agua Blanca, Pueblo Nuevo, El Kino y Colonial.

Según esa acusación, ese oro era trasladado por trochas y caminos verdes para comercializarlo en el mercado negro colombiano y sostener la logística del grupo, además del pago de personal, la compra de vehículos, armas y municiones.

Contenido redactado con asistencia de un LLM.

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