La CIJ ordena a Birmania reparar el daño contra los rohinyás
El tribunal de La Haya concluyó que Birmania cometió genocidio contra la minoría rohinyá y dispuso medidas de reparación, investigación y retorno seguro de los desplazados.
La Corte Internacional de Justicia declaró este jueves a Birmania responsable de genocidio contra la minoría musulmana rohinyá por la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país y ordenó investigar a los responsables, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados.
El fallo, emitido en La Haya, marca la primera vez que ese tribunal establece la responsabilidad internacional de un Estado por ese crimen. Los jueces concluyeron que las pruebas acreditan la intención de destruir a una parte sustancial de esa comunidad, un elemento clave para configurar jurídicamente el genocidio según la convención internacional que lo prohíbe.
La sentencia fija reparaciones y obligaciones inmediatas
Como parte de las medidas ordenadas, Birmania deberá permitir y facilitar el regreso seguro, voluntario y digno de los rohinyás desplazados, tanto dentro del país como en el extranjero, además de garantizar la reunificación de las familias separadas.
La Corte también exigió devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas perdidas o dañadas, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que sufrieron lesiones o daños mentales.
Además, el tribunal dispuso que Birmania indemnice a la comunidad rohinyá y a sus miembros por los daños que no puedan repararse mediante otras medidas de restitución.
ONU pide aplicar el fallo sin demora
Volker Türk celebró la sentencia como una decisión histórica y pidió que se aplique sin demora. En un comunicado, afirmó que el fallo debe marcar un punto de inflexión para la justicia de los rohinyás y de toda la población birmana, y el comienzo de un proceso para poner fin a la impunidad por las violaciones y abusos que siguen cometiéndose en el estado de Rakáin.
La Corte también ordenó al Estado birmano adoptar medidas inmediatas y efectivas para investigar a todas las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber cometido actos de genocidio durante las operaciones militares de 2017 y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas.
Asimismo, exigió aprobar legislación que garantice el cumplimiento de las obligaciones internacionales y ofrecer garantías de no repetición para impedir violaciones similares en el futuro. La sentencia establece la responsabilidad internacional del Estado, pero no constituye una condena penal individual contra militares o dirigentes concretos.
La ofensiva de 2017 provocó el desplazamiento masivo de la población rohinyá, una minoría musulmana que lleva décadas sometida a discriminación y restricciones de derechos en Birmania.