La Sala Constitucional anuló todo lo actuado desde octubre de 2025 en el caso de Mary Meneses Meneses, luego de una acción de amparo que denunció coacciones de funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en Barinas para obligarla a firmar un memorando de «Abandono Voluntario del País».
El expediente pasa a Caracas
La ciudadana afirmó que el documento estaba vinculado a un procedimiento de deportación abierto en su contra desde 2016. Primero, el Tribunal Primero de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Barinas declaró inadmisible el amparo in limine litis al considerar que no podía sustituir los recursos administrativos de extranjería. Esa decisión fue confirmada luego por el Tribunal Superior de Protección de la misma entidad.
Después de esa negativa, la Sala Constitucional resolvió revisar el expediente de oficio y anuló el proceso. Aunque admitió el recurso, sostuvo que los tribunales de protección barineses no eran competentes y ordenó reponer la causa para que el expediente sea remitido a Caracas, donde un juzgado contencioso administrativo deberá decidir sobre su admisión.
Para Acceso a la Justicia, la decisión prolonga la dilación procesal y deja a la ciudadana en un limbo jurídico y migratorio, mientras el caso se traslada y redistribuye. La organización sostiene que obligar a una persona que vive en el interior del país a litigar en Caracas impone barreras geográficas, económicas y logísticas.



