La dirigencia del partido Redes de Respuesta de Cambios Comunitarios, encabezada por Juan Alejandro Barreto Cipriani, acudió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para impugnar la vigencia de dos artículos contenidos en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. La acción judicial busca la nulidad del artículo 25 y el literal «c» del artículo 32, disposiciones que, a juicio de los demandantes, facilitan la exclusión de organizaciones políticas mediante mecanismos administrativos.
Cuestionamiento a la extinción de organizaciones
El recurso legal argumenta que las normativas vigentes, publicadas en la Gaceta Oficial número 6.013 Extraordinario, imponen condiciones que favorecen a las grandes estructuras electorales en detrimento de las minorías. El artículo 25 establece la obligación de renovar nóminas de inscritos al inicio de cada período constitucional para quienes no alcancen el 1% de los votos, mientras que el literal «c» del artículo 32 ordena la cancelación de partidos que se abstengan de participar en dos procesos electorales consecutivos.
La representación legal de la tolda sostiene que estas medidas constituyen una «muerte jurídica» que vulnera el derecho a la asociación política. Además, señalan que la inasistencia a comicios puede ser una estrategia democrática legítima y no una causal válida para la eliminación del registro electoral.
Denuncias sobre el proceso de inhabilitación
Juan Alejandro Barreto Cipriani vinculó la situación de su partido con denuncias previas sobre presiones ejercidas dentro del sistema judicial. El dirigente afirmó que la organización fue excluida del tablero político mediante maniobras administrativas, a pesar de haber cumplido con los requisitos de recolección de firmas exigidos por el Consejo Nacional Electoral.




