El Parlamento Europeo recibió el martes 13 de octubre el testimonio del periodista y marinero español Miguel Moreno, detenido en Venezuela en junio de 2025, como parte de una propuesta para reforzar la protección de ciudadanos europeos presos de forma arbitraria en el extranjero.

La iniciativa, impulsada por el eurodiputado francés Jean-Marc Germain junto con otros parlamentarios y con la colaboración de la asociación SOS Otages, busca que la Unión Europea cuente con mecanismos de apoyo más claros en estos casos.

El caso de Miguel Moreno y su paso por El Rodeo I

Moreno dijo que fue detenido en aguas internacionales cerca de Venezuela el 11 de junio de 2025, mientras trabajaba en un barco de bandera panameña. Según su relato, permaneció siete meses preso en la cárcel de El Rodeo I y fue liberado el 6 de enero.

El español aseguró que pasó ese tiempo sin poder comunicarse con su familia, sin acceso a un abogado, sin una causa razonable para justificar su detención y sin saber qué ocurría en el plano diplomático para intentar su liberación.

“Europa nos falló cuando se cerraron las puertas y desapareció cuando las abrieron”, dijo Moreno al referirse a su experiencia tras presentar su testimonio ante los eurodiputados.

De acuerdo con su relato, en El Rodeo I había más de 100 extranjeros presos junto a él. También afirmó que las autoridades trataban de manera distinta a los detenidos extranjeros y a los presos políticos, aunque sostuvo que eso no eliminaba las torturas psicológicas.

Moreno señaló que los extranjeros recibían comidas, cuidados y formas de maltrato diferentes, porque el régimen venezolano sabía que cualquier agresión grave contra un preso extranjero podía generar un problema mayor.

La propuesta para la Unión Europea

El documento presentado plantea dos objetivos principales: reconocer jurídicamente la detención arbitraria para que los 27 Estados miembros tengan mecanismos adecuados de apoyo y nombrar un representante especial de la Unión Europea encargado de coordinar la respuesta diplomática.

Los promotores sostienen que, desde 2010, al menos 149 ciudadanos de la Unión Europea han sido detenidos arbitrariamente por regímenes como los de Venezuela, Rusia o Irán. Añaden que el tiempo promedio de esas detenciones ha sido de 1 año y 11 meses, y que en el 25% de los casos las víctimas tenían doble nacionalidad.

Juan Carlos Gutiérrez, abogado y defensor de una de las víctimas, aseguró que este mecanismo es necesario porque, en muchos casos, los detenidos son usados como fichas de canje para presiones económicas o extorsivas.

Gutiérrez explicó que la propuesta también busca acompañar a las familias durante el tiempo que dure la detención y no solo después de la liberación. Señaló que el proceso de consultas recién comienza y que la iniciativa podría debatirse a comienzos de 2027, con la aspiración de que sea aprobada a más tardar a mediados de ese año.

Qué piden los promotores

Los impulsores de la iniciativa consideran inaceptable que ciudadanos europeos se conviertan en instrumentos de presión diplomática entre Estados. También sostienen que estas detenciones alteran la vida de las personas, la de sus familias y sus carreras profesionales, con secuelas que pueden prolongarse después de la liberación.

Según los promotores, la Unión Europea debe poder movilizarse para traer de vuelta a sus ciudadanos y acompañarlos antes, durante y después de su liberación. Gutiérrez resumió esa idea como un mecanismo para reforzar la acción diplomática, abrir canales de negociación y activar a las embajadas y representaciones europeas cuando ocurra una detención arbitraria.