El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de dos personas privadas de libertad con enfermedades graves en centros de reclusión de los estados Táchira y Bolívar. En uno de los casos, un tribunal había acordado una medida humanitaria de arresto domiciliario el mismo día del fallecimiento.

Rendy Ramón Ladera Araujo murió el 26 de octubre en el Hospital Central de San Cristóbal. Permanecía recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I, conocido como la cárcel de Santa Ana, y padecía leucemia. La organización recordó que su muerte se suma a otros decesos registrados este año en ese penal. En mayo falleció Francisco Orellano y en junio murió Yonny José Bastidas Briceño, quien sufría peritonitis aguda y otras complicaciones de salud.

El OVP señaló además que en el CPO I permanecen más de 1.300 personas, pese a que el recinto fue diseñado para 800 internos, lo que deja una ocupación superior al 162 %.

Otro caso en Guaiparo

El segundo fallecido fue Ildelfonzo Gil, quien murió la mañana del 27 de octubre en los calabozos policiales de Guaiparo, en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Estaba bajo custodia policial, esperaba juicio y padecía un cáncer avanzado en el rostro.

De acuerdo con la denuncia, su abogado pidió en varias ocasiones al Tribunal de Violencia contra la Mujer de Puerto Ordaz una medida humanitaria de arresto domiciliario por la gravedad de la enfermedad. Las solicitudes fueron negadas tres veces. El OVP indicó que un médico advirtió que a Gil le quedaban pocos meses de vida, por lo que sus familiares y defensa buscaban que pasara ese tiempo con los suyos. La boleta judicial que acordaba el arresto domiciliario apareció después de su muerte, aunque estaba fechada el 27 de octubre.

Humberto Prado dijo que en los calabozos de Guaiparo hay cerca de 850 detenidos, aunque fueron concebidos para 100 personas, una sobrepoblación superior al 566 %. También señaló que los traslados a centros hospitalarios requieren autorización judicial, salvo en emergencias, y que el cierre de otros centros en Bolívar ha contribuido a la saturación de calabozos del CICPC y de la GNB.

Prado exigió investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales para determinar qué atención médica recibieron ambos detenidos y si hubo retrasos u omisiones. También pidió revisar las actuaciones judiciales en el caso de Gil y establecer posibles responsabilidades penales, administrativas o civiles de los funcionarios involucrados. La organización publicó su denuncia en X.