Óscar Alejandro Caamaño Valero, español y nacido en Caracas el 20 de abril de 1973, sigue recluido en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, luego de ser condenado a 30 años de prisión en Venezuela. Su familia dice que su estado de salud se ha deteriorado y que no ha recibido atención médica suficiente.

Su esposa, también española por parte de madre, asegura que Caamaño ha perdido cerca de 30 kilos y presenta problemas respiratorios. Añade que no ha logrado conseguir que lo trasladen a un hospital para determinar si padece un derrame pleural.

De los servicios de inteligencia al proceso judicial

Caamaño ingresó en los servicios de Inteligencia en 1992 y trabajó en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, antecesora del actual Sebin. Según sus familiares, sus problemas comenzaron en abril de 2002, cuando se negó a reprimir manifestantes durante la crisis que sacó brevemente del poder a Hugo Chávez.

La familia sostiene que en 2004 fue vinculado a un expediente por explosiones contra las sedes diplomáticas de España y Colombia, pero que esa acusación terminó sin condena por falta de pruebas. Un año después, afirma, fue expulsado de los servicios de inteligencia.

La condena llegó después de ocho años de retraso

El episodio decisivo, según el relato familiar, ocurrió el 6 de agosto de 2017, cuando un grupo de militares y civiles encabezado por el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott se sublevó en el Fuerte Paramacay, donde funciona la Brigada Blindada 41 del Ejército. Los participantes llamaron Operación David a la incursión.

Caamaño fue arrestado en agosto de 2017 y pasó siete meses detenido en dependencias del Sebin en San Cristóbal, a cientos de kilómetros de su casa en Caracas. Recuperó la libertad en marzo de 2018 con medidas cautelares y, de acuerdo con su familia, asistió a las citas judiciales y cumplió las obligaciones impuestas por los tribunales.

Sin embargo, el 18 de diciembre de 2025 fue convocado a una audiencia en un juicio que llevaba más de ocho años de demora. Al día siguiente, el juez condenó a 23 acusados a 30 años de cárcel, la pena máxima prevista en la legislación venezolana. El caso forma parte de los cientos de expedientes que, según la organización Foro Penal, siguen abiertos contra presos políticos en Venezuela. ABC