Veinticuatro organizaciones no gubernamentales rechazaron la reforma parcial de la Ley contra el Odio al considerar que no da una respuesta integral a las víctimas y que deja intactos mecanismos que restringen la libertad de expresión. También insistieron en que no contempla la liberación de presos políticos ni el cierre de sus causas judiciales.
Críticas a la reforma
En un comunicado suscrito por organizaciones como Provea y Espacio Público, advirtieron que el texto mantiene medidas severas que imponen limitaciones arbitrarias al ejercicio legítimo de la libertad de expresión. A su juicio, la reforma conserva conceptos imprecisos, entre ellos el de hostigamiento, definido en función del temor, la angustia o la zozobra que cause una conducta.
Las ONG sostienen que esa amplitud abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y a sanciones contra la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público. Por eso reiteraron su exigencia de derogar la ley, a la que ven como un instrumento que desde su origen impone restricciones graves a la libertad de expresión, opinión, información y asociación, además de afectar garantías del debido proceso.
El pronunciamiento se produjo un día después de que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobara en primera discusión la reforma, solicitada en septiembre por Delcy Rodríguez. El proyecto busca eliminar las penas de prisión y sustituirlas por multas y trabajo comunitario, además de establecer procedimientos administrativos para aplicar la norma.
