Una medida que denuncian como discriminatoria
El Tribunal Primero de Juicio de Terrorismo declaró sin lugar la solicitud de medida sustitutiva de libertad condicional a favor de Perkins Rocha, abogado y asesor jurídico de la principal coalición opositora y de María Corina Machado. La decisión mantiene al dirigente bajo un estricto régimen de arresto domiciliario que incluye grillete electrónico en el tobillo, vigilancia policial constante y la obligación de enviarse fotografías cada tres horas a las autoridades, condiciones que su defensa califica de «ensañamiento político» que impide su reintegro a la actividad laboral.
El abogado defensor Omar Mora Tosta denunció a través de un video en X que la medida representa un trato discriminatorio: mientras a otros procesados en la misma causa se les otorgó el beneficio de la amnistía aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, a Rocha se le ha negado sistemáticamente. Mora Tosta detalló que Rocha cumple reclusión domiciliaria desde el pasado 8 de febrero, tras pasar 18 meses encarcelado.
Denuncia de persecución judicial y presos políticos
La decisión se suma al revés del pasado 13 de marzo, cuando el mismo tribunal antiterrorista rechazó concederle la amnistía argumentando que los cargos imputados a Rocha están excluidos de ese beneficio. El propio Rocha —quien ha mantenido una postura crítica frente a los resultados de los comicios presidenciales de 2024— calificó entonces el fallo como un «grave error de interpretación de la norma jurídica».
En su cuenta de X, el jurista denunció que la nueva negativa evidencia que en Venezuela persiste «el ensañamiento, la discriminación y la desigualdad ante la ley en su caso». Señaló directamente al magistrado José Antonio García Morán como juez provisional que actúa de manera selectiva y bajo «órdenes superiores» para negar beneficios de amnistía y «condenar de facto a reclusión domiciliaria, con grillete electrónico y vigilancia policial, a quienes son calificados políticamente como terroristas».
Rocha rebatió además las afirmaciones del diplomático estadounidense Michael Kozak sobre una supuesta liberación masiva de presos políticos tras el 3 de enero, denunciando que en el país permanecen recluidos más de 400 ciudadanos en recintos penitenciarios «inhumanos» donde enferman y mueren. Organizaciones no gubernamentales han confirmado recientemente la excarcelación de algunos presos políticos, como Mazuco, Adolfo Torres y José Ramón Cabarela, aunque la cifra total de detenidos sigue siendo elevada.
