Japón ha dado un paso histórico para enfrentar un problema social crónico: la sustracción de menores por parte de uno de los padres. Durante décadas, el sistema legal japonés permitía que, tras un divorcio, solo uno de los progenitores mantuviera la autoridad legal sobre los hijos, lo que generaba un incentivo perverso para el traslado unilateral de los menores.
Claves
- —Nueva ley de autoridad parental compartida (kyodo shinken)
- —Fin al incentivo de llevarse a los niños para ganar la custodia
- —El sistema busca priorizar el interés del menor sobre el conflicto civil
El incentivo de la sustracción parental
El sistema anterior convertía lo que en otros países es un delito de sustracción parental en una estrategia familiar tolerada de facto. Según expertos, quien se llevaba al niño antes de iniciar el proceso de divorcio se consolidaba como el cuidador habitual, dificultando cualquier reclamo legal posterior.
Esta situación ha dejado cicatrices profundas en familias internacionales. Un caso emblemático es el de Jeffery Morehouse, quien lleva 16 años sin ver a su hijo, tras un traslado desde Estados Unidos a Japón que, pese a las resoluciones judiciales, no pudo ejecutarse de manera efectiva.
La reforma del Código Civil y el modelo compartido
Con la modificación del Código Civil, Japón introduce el concepto de kyodo shinken, que permite a ambos progenitores conservar la capacidad legal sobre decisiones críticas tras la separación. Sin embargo, la reforma tiene una distinción clara: se trata de autoridad parental compartida y no necesariamente de una convivencia compartida obligatoria.
El objetivo del Ministerio de Justicia es que este cambio obligue a los padres a cooperar en la crianza y evitar que el traslado unilateral sea visto como una ventaja judicial. No obstante, organizaciones como Kizuna Child-Parent Reunion advierten que el sistema debe ser capaz de diferenciar entre la protección legítima y el uso del menor como herramienta de presión en conflictos de pareja.
Limitaciones de la reforma
La nueva ley no garantiza la revisión de casos antiguos ni la recuperación automática del contacto para los progenitores que ya han sido apartados de la vida de sus hijos.
