Nervis Villalobos aseguró ante la Audiencia Nacional española que no intervino en la adjudicación de la central termoeléctrica Termocentro a la empresa española Duro Felguera y negó que en esa operación se pagaran comisiones.
La versión de Villalobos sobre Termocentro
El exviceministro de Energía de Venezuela, que solo respondió a las preguntas de su abogado, es uno de los principales acusados en el juicio contra la antigua cúpula de Duro Felguera y una decena de expolíticos venezolanos por presunto blanqueo y corrupción en una trama de sobornos a funcionarios venezolanos.
Villalobos afirmó este miércoles que no participó en la decisión de contratar a Duro Felguera, que atribuyó directamente al entonces presidente venezolano, Hugo Chávez. También sostuvo que, cuando era viceministro, no intervino en esa contratación y que desconocía quién la decidió.
Después, según dijo, supo durante el proceso judicial que Chávez habría ordenado adjudicar los contratos de infraestructuras a empresas de países con los que Venezuela mantuviera relaciones comerciales y evitar compañías estadounidenses.
El exviceministro justificó los 14 millones de dólares que recibió de la empresa española como pago legítimo por trabajos de “preingeniería”, habituales en este tipo de contratos, y señaló que esa cifra estaba en línea con una operación de más de 2.000 millones de dólares. Aunque admitió haber recibido montos vinculados al proyecto, negó que fueran pagos ilícitos o comisiones por la adjudicación.
También comparecieron Milagros Coromoto, esposa de Villalobos, quien se negó a declarar, y Antonio del Valle, expresidente y exconsejero delegado de Duro Felguera, que limitó su papel a su presencia en el consejo de administración y rechazó cualquier referencia al pago de comisiones.
Además, declaró Javier Alvarado, expresidente de Electricidad de Caracas, quien también figura entre los acusados y negó que fuera funcionario público cuando participó en la operación de Termocentro. Alvarado sostuvo que su situación era comparable a la de los presidentes de Indra o Telefónica en España, por la presencia del Estado en esas compañías.