El fiscal reclamó medidas urgentes para frenar el cobro de rentas sobre inmuebles ya alcanzados por decomiso en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K.
Diego Luciani y Sergio Mola pidieron medidas urgentes ante el Tribunal Oral Federal 2 después de que una investigación en Río Gallegos revelara que Lázaro Báez seguía administrando, explotando y cobrando rentas de bienes que ya integran el listado de embargos y decomisos en las causas de Vialidad y de la Ruta del Dinero K. Varias de esas propiedades, además, ya fueron registradas a nombre de la Corte Suprema para su remate.
El planteo fiscal buscó que el tribunal ordene de inmediato medidas de aseguramiento sobre esos activos y sobre los frutos que siguen generando, como cánones locativos y producción agropecuaria. En la presentación, Luciani sostuvo que los bienes alcanzados por la orden de decomiso “siguen siendo explotados y generando frutos” y que esos ingresos salen de “todo control jurisdiccional”, por medio de terceros y bajo directivas del propio condenado.
Qué detectó la fiscalía en Río Gallegos
La investigación radicada en la fiscalía federal de Río Gallegos describe una maniobra que, según la acusación, no consistió en crear nuevas empresas para mover fondos ilícitos, sino en operar sobre un patrimonio ya existente y cautelado judicialmente. Ese esquema, de acuerdo con el expediente citado, habría buscado sustraer activos para evitar la ejecución patrimonial dispuesta por los tribunales.
Entre los bienes mencionados figuran las estancias “Alquinta” y “La Entrerriana”, y la firma Austral Agro S.A. Sobre esos campos, Báez habría designado encargados y personal desde la prisión, además de supervisar la explotación de lo producido. En uno de los casos se consignó un pago anual de 80 millones de pesos “entre marzo y abril según el kilo de cordero”; para otros campos, se indicó que percibía más de 14 millones de pesos por mes.
El detalle también incluye un edificio en la calle Zapiola 55, en la capital de Santa Cruz, con las unidades funcionales UF 1, 3, 6, 10, 16 y 21, que ya pertenecen formalmente a la Corte Suprema de Justicia. Según el fiscal, Cristian Ibáñez intentó rastrear quién cobraba los alquileres de cuatro de esos departamentos, cuya administración pasó de una inmobiliaria a una financiera ubicada en Zapiola y Fagnano.
Asimismo, se mencionan inmuebles de Badial S.A., compañía del holding de Báez, en Gregorio Funes 840/850/880, donde funcionan Prexa S.R.L. y el Centro Médico La Trinidad S.A. En ese punto, la investigación señaló que Báez instruyó a Claudia Insaurralde el 8 de octubre de 2026 sobre la renegociación o rescisión de contratos con esas firmas y con Cedimag S.A.
Los pedidos al tribunal y el alcance del decomiso
Luciani y Mola sostuvieron que si los bienes decomisados siguen produciendo rentas, esos frutos también deben quedar alcanzados por la orden judicial. Por eso solicitaron que se designe un administrador recaudador judicial, o un equipo de recaudadores encabezado por uno, dada la cantidad de activos involucrados.
También pidieron que se notifique a los locatarios de los inmuebles que los sucesivos cánones locativos quedarán sujetos a decomiso y que la única forma de cumplir con sus obligaciones será depositar las sumas en la cuenta de autos. El escrito agregó que los obligados al pago de esos frutos deberán hacerlo en la forma y por el procedimiento que el tribunal disponga.
La fiscalía de Río Gallegos situó la maniobra en un presunto esquema de asociación ilícita, lavado de activos y sustraer los bienes de la ejecución judicial. En ese marco, el expediente consignó que Báez debe responder por el decomiso ordenado en la Ruta del Dinero K, por 55 millones de dólares, y en el caso Vialidad, por 685.000 millones de pesos.
Movimientos de fondos y documentación secuestrada
Entre las pruebas expuestas en la audiencia de formalización, el representante del Ministerio Público Fiscal presentó escuchas telefónicas que, según dijo, corroboran que Báez daba instrucciones sobre su patrimonio desde el Penal de Ezeiza. Además, se secuestraron veinte documentos en su celda, donde habría constancia de los bienes que estaba explotando y de cuánto percibía por ellos.
El expediente también detalló movimientos financieros ocurridos en 2026. Entre abril y octubre de ese año, Cristian Ibáñez recibió transferencias por un total de 23.200.000 pesos en su cuenta de Mercado Pago, provenientes de Paula Beatriz Godfrid y Mauro Gastón Trevisan Godfrid. Entre enero y septiembre de 2026, Ibáñez transfirió 4.600.000 pesos a Claudia Insaurralde. En junio de 2026, Insaurralde recibió otros 2.000.000 pesos enviados directamente por Trevisan Godfrid.
De acuerdo con los informes bancarios analizados, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 hubo 677 transacciones en cuentas vinculadas a Ibáñez y Jorge Ulloa, de las cuales 662 resultaron acreditadas por un monto de 380.620.089 pesos. El flujo consolidado total detectado por la fiscalía alcanzó aproximadamente 390.880.000 pesos, equivalente, según el cálculo incluido en la presentación, a cerca de 980 salarios mínimos, vitales y móviles.
En el mismo escrito, los fiscales citaron el artículo 23 del Código Penal para pedir el decomiso inmediato de los frutos producidos por la maniobra e incorporar a la ejecución patrimonial todos los cánones locativos y rentas agropecuarias generadas por los inmuebles ya decomisados.
Vehículos, predios y otros bienes mencionados
La nómina de activos alcanza también un predio de Kank y Costilla S.A., donde funciona un lavadero y fue secuestrado el camión dominio COC 335. Allí, además, quedó detenido Cristian Ibáñez, junto con Claudia Insaurralde, desde comienzos de semana, según lo consignado en el texto.
También se identificó un inmueble en la calle Córdoba 45, en Río Gallegos, ya inscripto a nombre de la Corte Suprema y donde opera la Inmobiliaria Seoane. Ibáñez habría concurrido allí en septiembre para firmar un trámite vinculado a Báez.
Entre los vehículos puestos a disposición de la estructura investigada figuran una camioneta Toyota Hilux, dominio AD916TU, de Austral Agro S.A., y un automóvil Ford Mondeo, dominio LSJ-212, a nombre de Báez, que seguía circulando pese a tener pedido de secuestro vigente.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
