EL CALAFATE. — Lázaro Báez lleva diez años detenido y, aun así, la Justicia sostiene que no dejó de intervenir en los restos del negocio de la construcción que aún conserva, pese a que sus bienes figuran embargados o con pedido de decomiso en distintas causas.

Una presunta red para mover dinero y bienes

La hipótesis judicial apunta a un andamiaje ilícito para administrar sociedades y activos, con una doble contabilidad: una legal y otra que circulaba por fuera de la ley. En ese esquema, Báez habría contado con la colaboración de su pareja, Claudia Insaurralde, y de Cristian Ibañez.

Según la investigación, ambos seguían las instrucciones que él daba por teléfono desde la cárcel. Los investigadores seguían a Ibañez en una causa por estupefacientes cuando las escuchas a su celular revelaron que Báez estaba del otro lado de la línea dando órdenes sobre cómo mover el dinero de sus bienes e intentar ponerlo en circulación fuera del control judicial.

Dieciséis procesados y nueve presos preventivos

En las dos causas conexas por lavado de activos y estupefacientes ya quedaron procesadas 16 personas. Cuatro de ellas participaron en ambas operaciones, de acuerdo con la investigación.

Nueve personas quedaron con prisión preventiva, una con arresto domiciliario y cinco permanecen imputadas en libertad. La fiscalía no describe hechos aislados, sino una organización estable encabezada por Báez, a quien atribuye la administración y circulación de bienes de origen ilícito que debían estar bajo resguardo de la Justicia.