La defensa de Maduro apuesta por tumbar el caso en EE UU
Abogados del dirigente chavista buscan frenar el proceso en Nueva York con inmunidad, soberanía y cuestionamientos sobre su traslado. La fiscalía, en cambio, insiste en que Washington no lo reconoce…
La defensa de Nicolás Maduro intenta desmontar el proceso abierto en Estados Unidos con una línea jurídica basada en la inmunidad de jefe de Estado, la soberanía venezolana y la legalidad de su traslado a Nueva York, de acuerdo con un análisis publicado por POLITICO.
El equipo está encabezado por Barry Pollack y Anna Estevao. Su planteamiento es que Maduro no puede ser juzgado en territorio estadounidense porque, a su juicio, seguía siendo el presidente de Venezuela cuando fue capturado y llevado por la fuerza a esa ciudad.
Los ejes del reclamo
Uno de los pedidos centrales es que se desestimen todos los cargos, bajo el argumento de que detener y extraer a un mandatario en ejercicio vulnera la soberanía de un Estado y el derecho internacional.
La defensa también sostiene que Maduro merece inmunidad por actos realizados en el ejercicio de sus funciones y apela al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2024, que amplió la protección frente a determinados actos oficiales.
La Fiscalía de Nueva York responde que Washington dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo desde enero de 2019 y que el Poder Ejecutivo estadounidense decide qué gobernantes extranjeros reciben ese trato. En mayo, Venezuela pidió inmunidad para Delcy Rodríguez, en un proceso civil federal en Florida en el que ella y Maduro aparecen mencionados, pero esa solicitud no incluyó al dirigente chavista.
La defensa también quiere impugnar la jurisdicción del tribunal por las circunstancias de la operación que llevó a Maduro y a Cilia Flores a territorio estadounidense. Sus abogados hablan de una extracción violenta mediante una intervención militar que habría dejado numerosas víctimas.
Especialistas citados por POLITICO creen que ese planteamiento tiene menos opciones de prosperar, porque la jurisprudencia estadounidense suele permitir el juicio aunque la forma de llegada del acusado al país haya sido irregular.
El expediente también pone a prueba a la Fiscalía, que debe sostener acusaciones por narcotráfico, narcoterrorismo y delitos vinculados con armas. La defensa podría objetar además la designación de algunas organizaciones señaladas en la acusación como grupos terroristas, debido a que tres de las cinco recibieron esa clasificación en 2025.
El caso se compara con el proceso contra el exdictador panameño Manuel Noriega, capturado por tropas estadounidenses en 1989 y condenado luego por delitos de drogas. Según POLITICO, la decisión judicial podría fijar nuevos límites sobre la inmunidad de mandatarios extranjeros y el alcance del poder de Estados Unidos para capturar y procesar a un gobernante de otro país.