El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcotráfico y narcoterrorismo quedó fijado para el 1 de junio de 2027, tras una audiencia preparatoria celebrada este miércoles en un tribunal federal del distrito sur de Nueva York.

Un calendario acordado en 18 minutos

La vista duró apenas 18 minutos y fue presidida por el juez Alvin K. Hellerstein. En la sesión, fiscalía y defensa consolidaron un calendario procesal conjunto para llevar el caso a juicio.

Maduro, de 63 años, enfrenta cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento.

Flores, de 69 años, afronta tres cargos vinculados a la importación de drogas y posesión de armas. Ambos podrían recibir cadena perpetua si un jurado los declara culpables.

Mociones, pruebas y la estrategia de la defensa

Antes del inicio del juicio, la defensa prevé presentar una primera batería de mociones, incluida una argumentación de inmunidad soberana, bajo la premisa de que Maduro era jefe de Estado de Venezuela en el momento de su detención.

Su abogado, Barry Pollack, dijo durante la audiencia que, si ese recurso prospera, el exmandatario quedaría eximido de afrontar una segunda ronda de mociones.

El calendario aprobado por Hellerstein contempla dos rondas de mociones previas al juicio. La fiscalía, encabezada por Jay Clayton, prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre, según consignó CNN a partir de un documento del Departamento de Justicia.

Pollack también anticipó que impugnará la legalidad de lo que calificó como un “secuestro militar”. El gobierno de Donald Trump, por su parte, ha definido la incursión en Venezuela como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” en un caso penal iniciado hace seis años.

Durante la audiencia del miércoles, Maduro apareció más delgado y sin la cojera que había mostrado en marzo. Siguió la sesión junto a sus abogados y tocándose repetidamente los auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con una coleta y gafas, vistiendo el mismo uniforme penitenciario color caqui. Ninguno de los dos tomó la palabra durante la vista.

En su primera comparecencia, el 5 de enero, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos. En esa ocasión, Maduro afirmó en español: “No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”, y se presentó como “un prisionero de guerra”.

El proceso avanzó luego de que la administración Trump autorizara a Venezuela a costear los honorarios de los abogados de la pareja, algo que inicialmente había bloqueado en virtud de las sanciones vigentes contra el país. La defensa sostuvo que impedir ese financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.

En paralelo al proceso penal, las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela presentaron a comienzos de julio una demanda civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.

Desde la captura del exmandatario, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Rodríguez criticó el operativo estadounidense, pero se declaró dispuesta a iniciar una nueva etapa de cooperación y diálogo con Washington, que afirma ejercer influencia determinante sobre el país petrolero.