Caracas.- La relatora de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, afirmó que las organizaciones no gubernamentales en Venezuela siguen enfrentando obstáculos para trabajar, luego de una visita al país en la que no logró conversar con el preso político Perkins Rocha.

Romero señaló que las dificultades van desde la parálisis del reconocimiento legal hasta la estigmatización pública de su labor de defensa de los derechos humanos. También mencionó que la falta de financiamiento internacional ha limitado el funcionamiento de esas organizaciones y ha vuelto más difícil la acción colectiva.

Según dijo, las más golpeadas son las religiosas, las más pequeñas, las de pueblos indígenas y las de personas con discapacidad.

La relatora describe presión legal y financiera

Romero sostuvo que leyes como la de fiscalización y la de odio agravan el escenario para las ONG, al favorecer la persecución y desincentivar la asociatividad. En su visión, ese marco ha hecho “peligroso” el reconocimiento público de la labor de defensa de derechos humanos.

La relatora también planteó que la falta de recursos internacionales ha dejado a muchas organizaciones con menos capacidad de respuesta, en especial cuando intentan sostener trabajo comunitario, de asistencia o de acompañamiento jurídico.

Pedido de liberación total para los presos políticos

Romero pidió la liberación sin condiciones de más de un centenar de presos políticos y el levantamiento de medidas que impiden a los excarcelados ejercer plenamente sus derechos. Dijo que es alarmante que todavía haya personas detenidas por participar en la vida ciudadana y política, y que muchas sigan sometidas a malos tratos.

También cuestionó que quienes han sido liberados no puedan retomar su vida por los regímenes de notificación y porque sus casos no han sido cerrados. En otro tramo de sus declaraciones, afirmó que la acción sindical ha sido criminalizada por quienes aún ejercen el poder.

Romero agregó que una transición a la democracia debe incluir a la mayor cantidad posible de asociaciones independientes, políticas y de la sociedad civil, además de escuchar y proteger a las víctimas. Sostuvo que el futuro del país debe ser definido por los venezolanos.