La defensa de Willy Manuel Zorrilla Domínguez pidió revisar la legalidad de su detención y alegó que no fue presentado a tiempo ante un juez. También denunció presuntas agresiones durante el arresto.
La defensa del regidor Willy Manuel Zorrilla Domínguez, uno de los 22 detenidos en la Operación Rompeolas, interpuso una acción constitucional de habeas corpus para cuestionar la legalidad de su arresto. Los abogados sostienen que las autoridades habrían incumplido el plazo de 48 horas que establece la Constitución para llevar a una persona detenida ante un juez.
La defensa cuestiona el plazo de 48 horas
Los abogados Emmanuel Rivera Rodríguez, Moisés Torres Pión y Juan Pablo Polo Cedeño informaron, mediante un comunicado, que depositaron el recurso ante la jurisdicción competente para que se revise la privación de libertad de su representado.
Según su planteamiento, Zorrilla Domínguez habría permanecido bajo custodia sin ser presentado oportunamente ante un tribunal, lo que a su juicio vulnera el artículo 40, numeral 5, de la Constitución dominicana. También afirmaron que los traslados entre distintas demarcaciones territoriales no suspenden ni reinician el conteo de las 48 horas.
En consecuencia, solicitaron que se examine la legalidad del arresto y que se ordene su puesta en libertad inmediata si no existe un fundamento jurídico válido para mantenerlo detenido.
Denuncian presuntas agresiones durante el arresto
Los representantes legales del regidor también denunciaron que su defendido habría sufrido agresiones físicas durante la detención, aunque el comunicado no ofreció detalles sobre las circunstancias ni sobre la naturaleza de las lesiones.
Indicaron que estos señalamientos fueron puestos en conocimiento de la jurisdicción para que sean examinados conforme a las garantías constitucionales que protegen la integridad personal y la dignidad humana.
La acción judicial se fundamenta en los artículos 40 y 71 de la Constitución, el artículo 395 del Código Procesal Penal, el artículo 63 de la Ley 137-11 y disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La defensa sostuvo además que su solicitud no busca impedir las investigaciones del Ministerio Público, sino exigir que el proceso se ajuste a la ley.
“No se trata de sustraerse a la justicia, sino de exigir que la justicia se administre conforme a la Constitución”, expresaron los abogados en el comunicado.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.