El Consejo Nacional de Justicia de Brasil aprobó una resolución que obliga a los registros civiles a dejar asentado, en las certificaciones de defunción, cuando una muerte ocurrió en el contexto de una intervención policial. La medida, vista como un avance por el profesor Ignácio Cano, busca cerrar la brecha entre los datos de la policía y los del sistema de salud.

Según Cano, el país trabaja con dos fuentes de información sobre la mortalidad violenta: los registros policiales y los datos sanitarios basados en certificados de óbito. Hasta ahora, la referencia a intervención policial rara vez aparecía en esos documentos, lo que dificultaba comparar cifras y seguir el rastro de estos casos.

La resolución establece una fórmula estándar: “Morte não natural, violenta, ocorrida em decorrência ou no contexto de intervenção de órgão de segurança pública, nos termos do título apresentado”. Además, prohíbe expresiones como “auto de resistência”, “resistência seguida de morte” y “confronto” en los registros alcanzados por la norma.

Qué cambia en las actas

Antes de la nueva regulación, los certificados solían limitarse a la causa médica del fallecimiento, sin precisar las circunstancias en que ocurrió. Con el cambio, los cartórios de registro civil tendrán procedimientos unificados para añadir esa información cuando se presente la documentación exigida.

La resolución también permite que las familias pidan la corrección de documentos antiguos que no consignan esas circunstancias. En los casos en que exista documentación suficiente, la rectificación podrá hacerse directamente en el cartório, sin una nueva orden judicial.

Cuando no haya papeles suficientes, la familia podrá acudir a la vía judicial para que se reconozca el contexto de la muerte. La norma admite, para ese trámite, elementos como boletines de ocurrencia, peritajes, declaraciones de testigos y reportes de organismos de derechos humanos.

También contempla los casos de muerte presumida, es decir, situaciones en las que una persona desapareció en el contexto de una intervención de órganos de seguridad pública y luego la Justicia declaró su muerte. En esos expedientes, el contexto pasará a figurar en el campo relativo a la causa del deceso.

Cómo pedir la corrección

Familiares de personas muertas en intervenciones de órganos de seguridad pública deberán acudir al cartório competente con la documentación que acredite las circunstancias del caso. Si los soportes alcanzan para sustentar la petición, la retificación podrá hacerse sin una nueva autorización judicial.

En cambio, si falta documentación suficiente, será necesario obtener el reconocimiento judicial del contexto de la muerte. El Ministerio Público y la Defensoría Pública también podrán impulsar ese procedimiento, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.

El Operador Nacional del Registro Civil de Personas Naturales tendrá 90 días, desde la publicación de la resolución, para crear un campo específico en la Central de Informaciones del Registro Civil. Con ese cambio, los cartórios podrán comunicar registros y rectificaciones y alimentar un panel público nacional con estadísticas consolidadas.

La Asociación Nacional de Registradores de Personas Naturales afirmó que la iniciativa se relaciona con decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Brasil y con los derechos a la memoria y a la verdad. La misma entidad aclara que el reconocimiento del contexto de la muerte en el registro civil no implica, por sí solo, responsabilidad civil, administrativa o penal de agentes públicos ni genera automáticamente derecho a indemnización.

El 20º Anuario Brasileño de Seguridad Pública indicó que las muertes por intervención policial representaron 16,2% de las 40.775 muertes violentas intencionales registradas en 2025. El informe también señaló que Bahía concentró 1.570 casos y que Amapá tuvo la mayor tasa proporcional, con 17,1 víctimas por 100 mil habitantes.