La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará una audiencia pública el miércoles 14 de octubre para examinar la responsabilidad del Estado venezolano en los hechos del 11 de abril de 2002, que causaron 19 fallecidos y más de 300 lesionados.
Antecedentes del caso del 11 de abril de 2002
Ese día, manifestaciones en varias ciudades del país terminaron con el uso letal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, dejando 19 muertos y más de 300 personas heridas. La ONG Foro Penal, representada por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo el título «Trujillo y otros vs. Venezuela».
Conclusiones de la CIDH y demandas de reparación
En su Informe de Fondo n.º 313/23, la CIDH concluyó que el Estado venezolano violó derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la reunión, las garantías judiciales y la protección judicial. La comisión señaló que el uso de la fuerza letal no fue legítimo, necesario ni proporcionado, y que las investigaciones no lograron esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables.
La CIDH remitió el expediente a la Corte IDH el 9 de julio de 2024, según el documento oficial. Entre las medidas de reparación exigidas por la ONG se incluyen:
- Reparación material y moral de las violaciones de derechos humanos.
- Una investigación eficaz y oportuna en la jurisdicción penal ordinaria, que identifique responsabilidades y aplique sanciones.
- Medidas de no repetición, como la limitación del uso de efectivos militares en tareas de orden público, el fortalecimiento del Ministerio Público y del Circuito Judicial Penal de Aragua, y la garantía de que las restricciones al derecho de reunión cumplan la Convención Americana.
