Laura Louza, directora de la organización Acceso a la Justicia, cuestionó el baremo publicado el 2 de noviembre por el Comité de Postulaciones Judiciales para la selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según la especialista, el instrumento de 100 puntos —que pondera formación académica, experiencia y entrevistas— está diseñado para excluir a abogados en ejercicio independientes y favorecer a perfiles vinculados al oficialismo.
Louza señaló que el sistema de puntuación otorga ventajas indebidas a quienes han ocupado cargos judiciales previos, premiando la antigüedad sin evaluar el desempeño o la competencia real. Asimismo, criticó que se asignen puntos por haber defendido al Estado en litigios internacionales, una oportunidad que, a su juicio, suele reservarse a abogados alineados con el gobierno. También alertó sobre sesgos en el componente académico, al valorar cargos en gobiernos universitarios donde el Psuv mantiene influencia.
Dudas sobre la imparcialidad
La directora de la ONG subrayó que la composición del Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por 11 diputados —ocho del oficialismo y tres de una oposición cuya autonomía cuestionó—, compromete la objetividad de las entrevistas. Louza estima que, entre los representantes de la sociedad civil, al menos dos mantienen vínculos con el poder, lo que inclina la balanza en el proceso de selección.
Finalmente, calificó de «retrógradas» las condiciones de postulación, al mantenerse el requisito de entrega presencial de documentos ante la Asamblea Nacional, a pesar de las alternativas tecnológicas disponibles. La organización insiste en que el proceso actual se aleja del objetivo de garantizar una magistratura independiente y apegada a los tratados internacionales de derechos humanos.
