El Gobierno español ajustó su propuesta para regular los centros de datos y elevó el umbral a partir del cual se aplicarán las nuevas normas, después de las advertencias del sector sobre el efecto que podía tener en la inversión. La revisión, adelantada por Reuters, busca sostener los objetivos energéticos y medioambientales sin cerrar la puerta a proyectos vinculados a la inteligencia artificial.
Más margen para atraer inversiones
En la versión revisada, el Ejecutivo mantiene la exigencia de cubrir al menos el 80% del suministro eléctrico de cada hora de funcionamiento con energías renovables, pero incorpora un régimen transitorio de hasta cinco años para los proyectos que no puedan cumplir de inmediato esa condición. El cambio más relevante está en el umbral de potencia: el borrador de agosto fijaba el límite en 1 MW, mientras que la nueva propuesta lo sube a 10 MW.
La regulación también obliga a que los operadores de centros de datos estén establecidos en la Unión Europea y a que los datos y metadatos que administren permanezcan dentro de la Unión. Además, deberán habilitar mecanismos para controlar el acceso desde terceros países. Las instalaciones que gestionen datos de entidades públicas o vinculados con la seguridad nacional estarán sometidas a controles más estrictos.
Sanciones y plazos de adaptación
Si la norma entra en vigor y un operador la incumple, podrá ser sancionado e incluso desconectado de la red eléctrica. Estas disposiciones se aplicarán a las instalaciones de más de 10 MW que aún no hayan sido conectadas. Los proyectos ya aprobados y en trámite de permisos de operación dispondrán de seis meses para adaptarse.
