Ecuador posterga la apelación de Aquiles Alvarez y otros siete
La Fiscalía y uno de los procesados pidieron aplazar la diligencia virtual. El juez aceptó ambas solicitudes y anunció que la nueva convocatoria será notificada a las partes.
La audiencia para revisar la prisión preventiva de Aquiles Alvarez y otros siete procesados en el caso Goleada fue diferida este lunes 19 de octubre, en Ecuador, luego de que el fiscal de la causa y uno de los investigados solicitaran aplazarla.
El fiscal y un procesado pidieron aplazar la diligencia
La audiencia estaba convocada para las 09:30 y debía realizarse de manera virtual. El fiscal Dennis Villavicencio argumentó que entre el 19 y el 21 de octubre tiene otra audiencia de juicio, fijada desde las 08:30.
Fernando Viteri Henriques también solicitó el diferimiento, debido al cambio de abogado. Pablo David Santamaría Rodríguez asumirá su defensa.
Wilson Lema Lema, juez ponente del Tribunal Tercero de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, aceptó los pedidos tras considerar que estaban debidamente justificados. El tribunal, integrado también por Patricio Ricardo Vaca Nieto y Edwin Paúl Pérez Reina, fijará una nueva fecha y la notificará a los sujetos procesales.
Alvarez reclamó falta de comunicación con sus abogados
Alvarez se conectó desde la Cárcel del Encuentro. Durante la diligencia pidió 30 minutos para reunirse con su defensa técnica y afirmó que llevaba 20 días sin comunicarse con sus abogados. La secretaria de la sala concedió el tiempo solicitado.
La apelación fue solicitada por ocho procesados: Alvarez; el asambleísta Raúl Chávez; Xavier y Antonio Alvarez Henriques, hermanos del alcalde; Fernando Xavier y Andrés Viteri Henriques, primos de Alvarez; Fernando Patricio Peñaherrera y César Emilio Bravo.
La investigación incluye a 26 personas y empresas
En la causa hay 26 investigados: 17 personas naturales y nueve empresas. La Fiscalía acusa a Alvarez y a familiares de supuestamente integrar una estructura empresarial vinculada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles, que, según la acusación, habría servido para lavar dinero.
El proceso está en la fase de evaluación y preparatoria de juicio. La audiencia correspondiente permanece pendiente de reinstalación.
