El organismo electoral revisará propaganda digital y posibles aportes privados en la campaña para el CPCCS, bajo reglas fijadas por la ley y la justicia electoral.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador monitoreará las publicaciones en redes sociales de los 65 aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), con el fin de detectar posibles aportes privados, patrocinios políticos u այլos apoyos que puedan alterar la campaña.
El control se centrará en la propaganda digital
José Cabrera, presidente del Consejo Nacional Electoral, dijo en una entrevista con Teleamazonas que las áreas de Fiscalización supervisan el uso de plataformas digitales por parte de quienes compiten por las siete curules del organismo. Según explicó, los candidatos pueden informar y hacer proselitismo, pero sin usar recursos económicos de terceros ni erogaciones propias que contravengan las reglas electorales.
Marco Peña, coordinador de Participación Política del organismo, detalló que ya se ejecuta un monitoreo de redes sociales enfocado en la dignidad de consejeros del CPCCS. El objetivo es identificar la posible participación de servidores públicos, organizaciones políticas o recursos privados en la promoción de candidaturas.
Las reglas y el riesgo de descalificación
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades electorales, el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en la descalificación de los candidatos. La supervisión se apoya en restricciones previstas en la Constitución, la ley y decisiones del Tribunal Contencioso Electoral y de la Corte Constitucional.
El reglamento emitido por el CNE establece que los aspirantes solo pueden usar los productos comunicacionales producidos y autorizados por el propio organismo electoral, sin mutilarlos ni alterarlos, y prohíbe el financiamiento privado, directo o indirecto, para su difusión en medios tradicionales, digitales, sitios web y redes sociales.
También pesa una línea jurisprudencial del Tribunal Contencioso Electoral que considera publicidad electoral cualquier publicación en redes o en otros medios que busque movilizar la voluntad popular a favor o en contra de una candidatura. En paralelo, la Corte Constitucional permitió el uso de redes sociales para promocionar candidaturas y actividades de proselitismo político de ciudadanos y aspirantes al CPCCS, sin que ello implique financiamiento estatal ni cambie el régimen de control electoral.
La medida cobra relevancia después de las polémicas de 2023, cuando siete excandidatos fueron promocionados por el movimiento Revolución Ciudadana y por Rafael Correa. Esa disputa terminó con la destitución de Alembert Vera y con sanciones contra Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco y Vielka Párraga.
El Tribunal Contencioso Electoral dictaminó en mayo de 2024 que las publicaciones en redes sociales o en cualquier medio tradicional o no tradicional cuya connotación, contexto y contenido busquen influir en una candidatura deben ser consideradas publicidad electoral y, por tanto, quedan sujetas al control del CNE y del TCE.
Por esa misma vía, la Corte Constitucional resolvió el 29 de agosto de 2024 que ciudadanos, organizaciones sociales y candidatos pueden organizar eventos, pronunciarse en redes sociales u organizar debates para promover una candidatura, siempre que eso no afecte el sistema de financiamiento ni el control de gasto previsto por el CNE.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
