Funcionarios ecuatorianos expusieron operaciones y mensajes bajo análisis por presunto lavado de activos. La Fiscalía debe establecer el origen y destino de los fondos.
José Julio Neira y Ana Paula Patiño expusieron el viernes 23 de octubre los elementos que, según funcionarios ecuatorianos, forman parte del caso Laberinto: una investigación penal por presunto lavado de activos en la que fue detenida Luisa González, excandidata presidencial del correísmo. La explicación se difundió en un video, un día después de la detención.
La investigación rastrea $500.000 para gastos electorales
Neira, secretario general de la Administración Pública y Gabinete, dijo que uno de los ejes es determinar el origen y destino de $500.000 vinculados a presuntos gastos de financiamiento electoral, así como quiénes participaron en la circulación del dinero y cuál habría sido el papel de personas y empresas investigadas.
La hipótesis de la Fiscalía, según la explicación oficial, plantea que efectivo habría ingresado desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023 del binomio de González y Andrés Arauz. La investigación también alcanza a otras personas vinculadas al antiguo movimiento político y menciona al expresidente Rafael Correa.
Neira describió un chat fechado el 26 de junio de 2023. Un cooperador de la investigación consultó a un contacto guardado como “Aquiles Alvarez 1” sobre un presupuesto global de $500.000. La respuesta aludía a gastos en brigadistas, camisetas y otros rubros, y proponía pagar todo en efectivo. Neira señaló que esos mensajes se investigan como parte de la presunta participación de Aquiles Alvarez en el financiamiento y los pagos de campaña.
La UAFE reporta ingresos sin justificación identificada
Patiño, directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, dijo que el análisis realizado entre 2020 y 2026 identificó más de $400.000 en ingresos relacionados con González cuyo origen no habría sido justificado. Según la funcionaria, 80 % se recibió en dos meses mediante transferencias y depósitos en efectivo.
Patiño afirmó que las operaciones fueron ordenadas por terceros sin una relación comercial, contractual o laboral que las justificara. Añadió que los perfiles económicos de algunos de ellos no serían coherentes con los montos transferidos y que la mayoría de las operaciones habría sido realizada por personas venezolanas y colombianas.
La funcionaria también dijo que la facturación al principal cliente no coincide con los montos transados en el sistema financiero. El análisis, según su descripción, identificó intermediación financiera intrafamiliar, conversión de fondos bancarizados en efectivo y compras de inmuebles pagadas de contado que no estarían justificadas.
La audiencia contra González seguía en curso
Neira mencionó otras líneas sobre posibles vínculos entre empresas relacionadas con el entramado societario de Alvarez y el financiamiento investigado. También aludió a denuncias de presunto financiamiento ilegal, cobro de diezmos a integrantes de organizaciones políticas, pagos de coimas a proveedores y contratistas y posibles conexiones con recursos ilícitos y estructuras del narcotráfico. Se trata de señalamientos que la investigación debe esclarecer.
Al momento de la publicación del video, seguía desarrollándose la audiencia de formulación de cargos contra González y otros investigados: Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre. González permanecía en el Cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil, y participaba en la diligencia de manera telemática.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
