La campaña presidencial de Luisa González, en el movimiento Revolución Ciudadana, quedó bajo la lupa por un presunto esquema de financiamiento irregular que la Fiscalía relaciona con el caso Laberinto y con la empresa Ternape, vinculada a Aquiles Alvarez.
De las observaciones electorales a una indagación penal
El expediente arrancó con reparos del Consejo Nacional Electoral a las cuentas de la campaña de González en las elecciones anticipadas de noviembre de 2023. Entre las alertas se señalaron inconsistencias en documentos, ingresos y egresos, origen de contribuciones y justificación de gastos electorales.
Luego, esas observaciones derivaron en una denuncia electoral impulsada por Diana Atamaint el 15 de noviembre de 2025. El Tribunal Contencioso Electoral terminó sancionando a González y a Estefanía Molina y Andrés Arauz con una multa de $ 6.000, además de remitir antecedentes a la Fiscalía para indagar posibles hechos vinculados con el origen de aportes y contribuciones.
Los montos que la investigación vincula con Ternape
En junio de 2026, la Fiscalía abrió una denuncia por presunta concusión y avanzó con revisiones bancarias, dispositivos electrónicos y otros elementos que, según el material revisado, aportaron indicios sobre comunicaciones, instrucciones y posibles operaciones económicas.
El 13 de octubre de 2026, la Fiscalía dio un giro a la indagación y la redirigió por presunto lavado de activos. Dos días después, el 19 de octubre, José Ricardo Cevallos Avellán compareció y describió un supuesto mecanismo de financiamiento de gastos electorales mediante compañías vinculadas a Alvarez.
Según los elementos recopilados, los montos habrían salido desde Ternape como un supuesto “préstamo” de $ 447.933 en la primera vuelta y de $ 278.000 en la segunda, para un total de $ 725.933. En la investigación también aparece otro valor para la campaña al Municipio de Guayaquil, asociado a la campaña de Alvarez, por $ 2′561.318, que elevaría la suma a $ 3′287.251.
En un chat atribuido a José Cevallos Avellán y César Bravo, vinculado a las empresas de Alvarez y sentenciado en el caso Triple A, se lee: “En todo caso: Campaña Alcaldía 2′581.318 USD Campaña Luisa V1: 447.933 USD Campaña Luisa V2: 278.000 USD”, a lo que el segundo responde: “Perfecto”.
Órdenes de detención y nuevas diligencias
Con base en esos elementos, una jueza de Quito emitió órdenes de detención el 22 de octubre de 2026 para González, Estefanía Molina, Santiago Díaz, Wendy Onofre, Lesly Cargua y Andrés Arauz. Ese mismo día, Fiscalía y Policía ubicaron a González y a Molina en allanamientos realizados en Pichincha y Manabí.
El informe policial también mencionó a personas conocidas con los alias Padrino y Ocaso, aunque no precisó sus identidades. Además, autorizó vigilancia y seguimientos incluso en Canuto, en la provincia de Manabí, donde habita González.
En paralelo, González ya era investigada por el caso Caja Chica, relacionado con presunto lavado de activos por manejo irregular de fondos de campaña que habrían llegado de Venezuela.
Alvarez, por su parte, enfrenta una sentencia en primera instancia de ocho años y seis meses de prisión por el caso Triple A y de tres años en el caso Grillete, además del proceso Goleada en etapa preparatoria de juicio.
