La bancada Acción Democrática Nacional dijo que tiene los votos necesarios para aprobar este viernes 6 de noviembre, en segundo debate, una reforma que permitiría remover de forma automática a alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales cuando acumulen 90 días de licencia temporal consecutiva.

Un paquete de 45 reformas sobre el Cootad

El proyecto, que introduce 45 reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, fue convocado para una sesión plenaria de la Asamblea Nacional a partir de las 15:40.

Esteban Torres, jefe de la bancada ADN, defendió la propuesta al sostener que busca corregir una situación que, según dijo, se ha vuelto insólita en el país: la ausencia prolongada de autoridades locales por procesos judiciales u otras circunstancias. Como ejemplo mencionó al alcalde de Durán, Luis Chonillo, quien ejerce sus funciones desde fuera del país.

Torres también cuestionó que existan licencias o vacaciones prolongadas e indefinidas sin justificación y planteó que, si una persona electa no está en el cargo, la ciudadanía tiene derecho a saber quién está al frente del municipio o de la prefectura.

El límite de 90 días y sus efectos

Las reformas modifican los artículos 52, 62 y 71 del Cootad, vinculados con las ausencias temporales de prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales rurales. En los tres casos se incorpora un tope de 90 días continuos, tras el cual la ausencia se considerará definitiva por ministerio de la ley, sin necesidad de una resolución previa del consejo provincial, concejo municipal o junta parroquial rural.

Una disposición similar se incorpora para los gobernadores regionales, figura prevista en la Constitución de Montecristi desde 2008, pero que nunca se ha aplicado en el país. En el caso de los alcaldes metropolitanos, la norma sería parecida, aunque añade otras situaciones.

El texto señala además que las actuaciones por medios telemáticos, electrónicos o mecanismos de comunicación a distancia no interrumpirán el cómputo de los 90 días de ausencia temporal. Solo habría una excepción cuando la reincorporación presencial responda a medidas de protección dispuestas por una autoridad competente, siempre que se garantice el ejercicio efectivo y continuo del cargo.

La defensa política del proyecto

Cristian Benavides, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, dijo que la reforma no se limita a la remoción por ausencias prolongadas. Aseguró que el texto reúne catorce iniciativas legislativas trabajadas durante más de un año y medio en la comisión.

Benavides cuestionó a la Revolución Ciudadana por considerar que el cambio tiene dedicatoria para determinados alcaldes. En contraste, resaltó otras disposiciones, entre ellas que los concejales cumplan una jornada de 40 horas semanales, que las sesiones de los concejos municipales se transmitan en vivo y que, en zonas de frontera, el 80 % de la mano de obra de las obras públicas sea local.

También mencionó la asignación de funciones a los viceprefectos y viceprefectas desde el inicio de sus candidaturas, así como una nueva causal de remoción para alcaldes y prefectos que paralicen obras inconclusas de la administración anterior.

Sobre la norma que fija la remoción automática por superar los 90 días de licencia temporal, Benavides insistió en que no tendrá carácter retroactivo y que se aplicará a futuro. Añadió que el plazo comenzará a contarse desde la entrada en vigencia de la reforma.

El legislador afirmó además que la ciudadanía no puede tener autoridades que gobiernen a través de WhatsApp, Zoom o desde un centro de privación de libertad, y sostuvo que ejercer un cargo de elección popular exige contacto directo y permanente con las comunidades.

En relación con el caso de Luis Chonillo, dijo que pueden existir circunstancias excepcionales que justifiquen una ausencia temporal, pero no una permanencia indefinida fuera del territorio que se gobierna. Benavides aseguró que habrá más de 77 votos a favor y que será el asambleísta ponente del proyecto.