El doble sismo del 24 de junio ha hecho bajar las previsiones de crecimiento económico en Venezuela a entre 2 % y 4 %, según el economista Asdrúbal Oliveros. El gasto público y privado destinado a la reconstrucción de infraestructuras y la atención de la crisis habitacional alteran la dinámica macroeconómica que había empezado a acelerarse tras el cambio político de enero.
Revisión de proyecciones económicas
Las proyecciones iniciales, que situaban el crecimiento entre 5 % y 8 %, se han contraído a una banda de 2 % a 4 %. El aumento del gasto fiscal destinado a mitigar los efectos de la emergencia generará mayores presiones inflacionarias en la segunda mitad del año.
Balance de daños físicos e impacto en el PIB
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) estima que las consecuencias directas del desastre restarán entre dos y tres puntos al PIB. El presidente del gremio empresarial, Felipe Capozzolo, señala que, aunque los ejes agrícolas, industriales y petroleros se encuentran fuera del epicentro, la parálisis logística ralentiza los planes de expansión.
- Pérdidas estimadas: 6 700 millones de dólares
- Colapso total de 190 edificaciones y daños en redes viales, puentes, escuelas, centros médicos, hoteles, complejos residenciales y comerciales, y terminales del Aeropuerto Internacional de Maiquetía
- Demanda de resguardo: prioridad inmediata en soluciones habitacionales para más de 17 900 ciudadanos evacuados en campamentos transitorios
Estrategia financiera y planes de reconstrucción
Delcy Rodríguez ha iniciado conversaciones técnicas con delegaciones de Estados Unidos y Brasil, así como con el FMI y el Banco Mundial para coordinar programas de financiamiento internacional. Como medidas iniciales, el Ejecutivo decretó la creación de un fondo especial de reconstrucción de 200 millones de dólares y la apertura de una cuenta fiduciaria en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para concentrar aportes extranjeros.
A pesar de la emergencia, analistas y agencias del sector energético coinciden en que los objetivos de apertura en hidrocarburos, minería y electricidad con corporaciones occidentales se mantienen vigentes, y el Gobierno de los Estados Unidos ratifica que sus planes de cooperación e inversión energética en el país permanecen intactos.
