A más de dos meses del doblete sísmico que sacudió la región centro-norte del país, los sobrevivientes que perdieron sus hogares enfrentan una nueva prueba marcada por la desinformación y las trabas burocráticas. Habitantes del sector Playa Grande, en el estado La Guaira, describen la situación actual como un tercer terremoto debido a las dificultades para acceder a los créditos hipotecarios prometidos para la adquisición de viviendas.
Trabas en el financiamiento bancario
Un ingeniero mecánico afectado por el sismo relata que, tras perder su apartamento, debió buscar opciones inmobiliarias en Valencia, en el estado Carabobo, debido a los elevados precios en la capital de la República. Al intentar acogerse al programa habitacional, introdujo su solicitud en el Banco Digital de los Trabajadores junto a los ingresos de su esposa para respaldar la gestión.
No obstante, el proceso estuvo lleno de tropiezos. Tras semanas de silencio institucional y sin recibir notificaciones por parte de la agencia bancaria, descubrió de forma independiente que su solicitud de 100 mil dólares había sido pre-aprobada por un monto menor de 60 mil dólares, una cifra insuficiente para concretar la compra del inmueble.
Incertidumbre y separación familiar
La falta de claridad en las reglas del programa genera desconfianza entre los beneficiarios. Afectados por la catástrofe apuntan que las exigencias reales de las entidades financieras difieren de la información difundida públicamente, lo que deja a las familias a merced de criterios discrecionales y procesos lentos.
Mientras continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros en la costa central, la burocracia prolonga la crisis de los sobrevivientes. Para muchas familias, la prioridad va más allá de adquirir una propiedad: el objetivo central es lograr la reunificación del hogar tras el impacto del desastre natural.
