El Congreso de Estados Unidos entró en una fase decisiva para aprobar la Ley CLARITY, un proyecto que busca ordenar el mercado de criptomonedas, mientras republicanos y demócratas chocan por los posibles conflictos de interés de Donald Trump.
La negociación mantiene abiertas sus posibilidades en el Senado, pero las exigencias demócratas para limitar beneficios financieros de funcionarios públicos y sus familias amenazan con romper el apoyo bipartidista necesario.
La Cámara ya dio el primer paso con la Ley CLARITY
La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, conocida como CLARITY Act, el 17 de julio de 2025, con 294 votos a favor y 134 en contra.
El proyecto busca establecer por primera vez un marco federal integral para definir cómo deben registrarse y operar los exchanges, intermediarios, emisores y otras empresas vinculadas con activos digitales en Estados Unidos.
También pretende delimitar las competencias de la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, y de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, la CFTC, una disputa jurisdiccional que ha marcado la regulación durante años.
En su trámite legislativo, la propuesta quedó estancada durante aproximadamente un año mientras los comités del Senado preparaban su propia versión.
En ese contexto, el representante republicano William Timmons aseguró que todavía hay suficiente apoyo político para sacarla adelante. The Block reseñó que el legislador confía en que el proyecto saldrá adelante pese a los tropiezos pendientes.
Los conflictos de interés de Trump complican los votos
La discusión más delicada gira en torno a las disposiciones éticas para impedir que presidentes, vicepresidentes, congresistas, altos funcionarios y sus familiares se beneficien del mercado de activos digitales mientras ocupan cargos públicos.
Los demócratas sostienen que aprobar una ley favorable a la industria sin restricciones claras podría permitir que Trump influya en un mercado donde conserva intereses financieros.
La senadora demócrata Elizabeth Warren pidió que cualquier legislación de estructura de mercado prohíba que esas figuras y sus familias obtengan beneficios relacionados con criptomonedas durante su mandato.
Warren dijo que las declaraciones financieras de Trump correspondientes a 2025 mostraron aproximadamente USD 1.400 millones en ingresos relacionados con negocios de criptomonedas, una cifra que usó para respaldar reglas más estrictas.
El senador demócrata Ruben Gallego advirtió que el texto discutido por los republicanos no cuenta actualmente con el respaldo de su partido. Según dijo, las propuestas éticas presentadas hasta ahora no son suficientemente sólidas.
Sin un acuerdo en esa materia, los republicanos difícilmente conseguirían los votos demócratas necesarios para superar los procedimientos del Senado.
El reloj legislativo aprieta antes de agosto
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, quiere llevar el proyecto al pleno antes del receso de agosto. Para avanzar, la propuesta probablemente necesitará al menos 60 votos.
Eso obliga a los republicanos a conseguir el respaldo de varios senadores demócratas, en un calendario ya apretado: la Cámara tiene previsto iniciar su receso el 24 de julio, mientras el Senado permanecería en Washington hasta comienzos de agosto.
Incluso si el Senado aprueba una versión modificada, el texto tendría que volver a la Cámara de Representantes para otra votación. Ese proceso podría extenderse durante los próximos meses.
Trump tenía previsto reunirse el jueves con los senadores republicanos Bernie Moreno y Cynthia Lummis, además del principal asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, Patrick Witt, y la jefa de gabinete presidencial, Susie Wiles, en un intento por destrabar una propuesta ética aceptable para ambas bancadas.
La participación directa de Trump refleja la importancia que la administración le atribuye a la legislación. El mandatario ha expresado su deseo de que el Congreso apruebe un marco de estructura de mercado después de la promulgación de la Ley GENIUS para monedas estables en 2025.
Más allá de las tensiones políticas, la ley todavía debe superar diferencias entre los comités bancario y agrícola del Senado, conseguir suficientes apoyos demócratas y reconciliarse luego con el texto aprobado por la Cámara.
El margen para cerrar un acuerdo antes del receso legislativo y de las elecciones de noviembre se reduce rápidamente.
