Los accionistas clase B de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) protagonizaron una jornada de protesta en Puerto Ordaz para exigir respuestas a las autoridades sobre el reembolso de su participación en la empresa del acero, un proceso que acumula más de 36 meses de retraso y afecta principalmente a personas de la tercera edad.

Durante la movilización, la accionista jubilada Carmen Nieves de Mora, de 80 años, se dirigió directamente al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Héctor Silva, para cuestionar la falta de soluciones ante una deuda que catalogó como un derecho adquirido y no como un obsequio.

Un proceso dilatado sin definición de valor

La protesta fue convocada por la Comisión Única de Accionistas Clase B, liderada por Jonis Luna, instancia que ha sostenido 29 reuniones con representantes de la CVG desde el año 2023. Sin embargo, los encuentros no han logrado fijar ni el valor de los títulos ni una metodología efectiva de desembolso.

Según lo expuesto por la comisión, la única cita sostenida con Héctor Silva ocurrió en febrero, instancia donde solo se reconoció la existencia de la deuda y se plantearon alternativas como la entrega de activos, dejando de lado la tasación monetaria de las acciones.

Falta de recursos y reclamos sin respuesta

Por su parte, la CVG ha admitido públicamente carecer de los recursos financieros necesarios para honrar el compromiso. La masa laboral posee un total de 2.188.175 acciones, compradas originalmente a un valor unitario de 104,73 dólares, y denuncian que llevan más de 10 años sin percibir ningún tipo de utilidad.

Ante la falta de avances, los afectados han introducido documentos en al menos cinco instancias del ámbito nacional y exigen a las autoridades competentes que se alcance un acuerdo definitivo antes del cierre del año.