Trabajadores de las empresas básicas de Guayana denunciaron una campaña mediática y un intento de criminalización en contra del veterano dirigente sindical Omar Marcano, con una trayectoria de 40 años en Ferrominera Orinoco, al intentar vincularlo con la venta ilícita de combustible y actos de sabotaje en el estado Bolívar.
Ataques digitales y fabricación de expedientes
Los rumores comenzaron a difundirse a través de la red social TikTok mediante un video publicado anónimamente que aseveraba que el sindicalista habría creado un depósito clandestino de combustible para atentar contra la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Guri, y provocar un caos eléctrico masivo. En el material audiovisual también se le vinculaba con el partido Vente Venezuela y se le calificaba como saboteador y ejecutor de actos terroristas.
César Marcano, hijo del dirigente, rechazó categóricamente las acusaciones y atribuyó los ataques a las jornadas de protesta que su padre y otros trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana han llevado a cabo durante los últimos días en la ciudad para exigir reivindicaciones laborales. Asimismo, afirmaron que estas acciones buscan fabricar expedientes falsos contra quienes reclaman pacíficamente y minimizar la protesta que mantienen en las instalaciones estatales hasta obtener respuestas de las autoridades.
Rechazo al amedrentamiento sindical
Trabajadores consultados coincidieron en señalar que esta medida forma parte de una estrategia de amedrentamiento para aplacar a la disidencia y desactivar los reclamos gremiales. El video en cuestión, según constataron los propios trabajadores, presenta indicios de haber sido elaborado mediante el uso de inteligencia artificial, y su difusión coincidió con la profundización de las protestas ante la falta de respuestas de la Corporación Venezolana de Guayana frente a un pliego de peticiones presentado a mediados de septiembre.
Dicho documento exige la restitución del servicio de salud HCM, el pago de utilidades dignas y la devolución de beneficios contractuales que fueron eliminados tras la promulgación del memorándum 2792 en el año 2018. Voceros sindicales y expresos políticos exigieron el cese de la persecución y ratificaron que continuarán en las calles denunciando las precarias condiciones laborales que afectan al personal de las empresas básicas de la región.
