Alejandro Grisanti, economista y socio fundador de Ecoanalítica, advirtió en Caracas que la forma en que se financie la reconstrucción tras el doblete sísmico del 24J puede marcar el rumbo económico del país por décadas. Su alerta central fue contra la emisión de dinero inorgánico para atender la emergencia.

En el foro “Réplicas económicas, el costo de la reconstrucción”, el analista comparó esa salida con una adicción: comienza como un estímulo para levantar viviendas o impulsar obras, pero termina alimentando una espiral de inflación crónica.

La presión por financiar la emergencia sin acceso externo

Grisanti sostuvo que Venezuela comparte con Haití una base fiscal muy reducida, lo que aumenta la tentación de generar dinero inorgánico. A eso, añadió, se suma la imposibilidad actual de acceder a mercados internacionales.

También recordó que, después de los sismos, la ayuda internacional humanitaria fue calificada como “espectacular”, pero la financiera resultó “muy pobre”, con apenas 720 millones de dólares ofrecidos por la comunidad internacional.

Para el economista, ese comportamiento refleja desconfianza en la capacidad de gestión de las autoridades y ocurre en un contexto de cesación de pagos y sanciones sobre el país.

Los daños y el peso de La Guaira en la reconstrucción

El equipo técnico de Ecoanalítica estimó en casi 12.000 millones de dólares las necesidades para edificaciones residenciales y comerciales, y en más de 5.000 millones los recursos para servicios básicos fundamentales.

El sector eléctrico aparece como el más afectado, con daños calculados en 3.821 millones de dólares; luego figuran la vialidad, con 875 millones, y los sistemas hídricos, con 262 millones.

En lo geográfico, el estado La Guaira concentra la mayor tragedia material: ha perdido el 41,8 % de su acervo de edificaciones, lo que representa el 37 % de los daños totales del país.

Grisanti insistió en que una reconstrucción transparente, con los mejores talentos y sin apoyarse en la volatilidad petrolera, es la única vía para evitar que el país quede atrapado en campamentos provisionales. Bajo una gestión técnica eficiente, dijo, el proceso podría completarse en seis años; si se centraliza exclusivamente en manos del Estado, podría extenderse por tiempo indefinido.