Minerales

Empresas evalúan producir carbón en el estado Zulia

Glencore, Peabody y Heeney Capital analizan acuerdos para explotar reservas carboníferas en Venezuela, tras flexibilización de sanciones estadounidenses.

A solitary worker climbs a rocky slope in a barren quarry, wearing safety gear.
Crédito: Neneqo Fotógrafo / Pexels

Empresas multinacionales como Glencore, Peabody Energy y Heeney Capital evalúan la posibilidad de establecer acuerdos para la producción de carbón en el estado Zulia, en el marco de un esfuerzo por reactivar la industria carbonífera venezolana. Las negociaciones se enmarcan en el impulso de la administración estadounidense para que empresas aliadas exploten los recursos naturales del país.

Propuestas para activos en Zulia

Según fuentes cercanas al proceso, Glencore y Peabody trabajan en una oferta conjunta para activos ubicados en el estado Zulia, región clave para la producción de carbón en Venezuela. Por su parte, Heeney Capital, con sede en Nueva York, colabora con la minera Drummond Co. en una propuesta separada para posibles activos en la misma zona. Representantes de Drummond ya habrían visitado la región el mes pasado.

Contexto y desafíos

Venezuela posee aproximadamente 730 millones de toneladas métricas de reservas de carbón, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Sin embargo, la producción se ha reducido drásticamente: en 2024 se extrajeron unas 350.000 toneladas cortas, frente a los 8,7 millones de toneladas registrados en el año 2000. La falta de inversión y el abandono han afectado tanto a esta industria como al sector petrolero.

Las autoridades han intentado reactivar el sector, reanudando las operaciones en minas como Paso Diablo y Mina Norte, en la cuenca del Guasare, a finales de 2024. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó en septiembre las sanciones al sector carbonífero venezolano, permitiendo operaciones comerciales, servicios y negociaciones para nuevas inversiones.

Modelo de control operativo

Las conversaciones entre las empresas y el país se centran en el control de las operaciones y los derechos para comercializar la producción, en lugar de una adquisición directa de las minas. Este esquema es similar al utilizado por otras empresas mineras en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro del poder en enero. No obstante, la reactivación requeriría grandes inversiones en equipos e infraestructura, lo que podría dificultar la competencia con los suministros de menor costo provenientes de Colombia.

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