El gremio dice que el suministro sigue operativo, pero advierte por el freno en puertos y aeropuertos. También plantea un fondo y alivios fiscales para la recuperación.
Consecomercio informó este jueves que el suministro de bienes y servicios se mantiene operativo en el territorio nacional tras los sismos del pasado 24 de junio. Sin embargo, ante la paralización comercial de los principales puertos y aeropuertos de la región capital, anunció un esquema de contingencia aduanera y una propuesta legislativa para reactivar las zonas afectadas.
Puertos y aeropuertos ajustan la operación comercial
El gremio dijo que coordina mesas técnicas junto a Fedecámaras, cámaras regionales y organismos internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), CENACED y la Fundación TAAP, para facilitar el ingreso de asistencia internacional dirigida a organizaciones no gubernamentales y entes públicos.
Debido a que el Puerto de La Guaira y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía redirigieron la totalidad de sus operaciones hacia tareas prioritarias de rescate y auxilio humanitario, la actividad comercial habitual quedó temporalmente inhabilitada.
En ese escenario, los trámites documentales de importación y exportación seguirán consignándose ante la aduana principal de La Guaira, mientras que el reconocimiento físico y el retiro de los contenedores se trasladaron a la aduana de Puerto Cabello, en Carabobo. En el caso de la carga aérea, la documentación legal se mantiene en La Guaira, pero la verificación física se hará en Valencia.
Más de 250 comercios de La Guaira reportan pérdidas
Consecomercio advirtió que todavía no existe un censo definitivo sobre el nivel de destrucción comercial, debido a las complejidades del terreno. No obstante, evaluaciones preliminares de campo calculan que más de 250 pequeños y medianos comercios en La Guaira sufrieron pérdidas materiales totales o parciales.
Durante la primera fase de la contingencia, la movilización de suministros esenciales e insumos de emergencia hacia las zonas de desastre se canalizó mediante una red coordinada por la Cámara de Comercio de Caracas, Cáritas de Venezuela, el Dividendo Voluntario para la Comunidad y la Cruz Roja, con carga procedente de Zulia, Nueva Esparta, Lara, Yaracuy, Carabobo, Bolívar, Amazonas y la región andina.
La ley propuesta y el fideicomiso de 10.000 millones de dólares
Como estrategia de recuperación a mediano plazo, el gremio entregó el anteproyecto de la Ley para la Atención a Damnificados y Reconstrucción Nacional, denominada Ley Fuerza Venezuela, inspirada en los protocolos legales aplicados en México tras los sismos de 2017.
El documento contempla tres ejes: una cartera especial de créditos bancarios con tasas preferenciales y plazos extendidos, un esquema de alivio fiscal temporal para sostener la nómina y reabrir comercios, y la creación de un gabinete de alianza público-privada para el seguimiento técnico de las obras civiles.
Consecomercio estimó que la reconstrucción de infraestructura nacional costará entre 7.000 y 13.000 millones de dólares. Para financiar obras de vivienda, vialidad y salud, propuso el desbloqueo de fondos venezolanos retenidos en el exterior, específicamente en el Reino Unido, Portugal y los Derechos Especiales de Giro del FMI, calculados en unos 10.000 millones de dólares, bajo un fideicomiso único auditado por una consultora internacional externa.
