Un grupo de asesores legales y financieros constituyó un comité con el objetivo de agrupar a las empresas que sostienen reclamos pendientes contra Venezuela. Esta iniciativa busca coordinar la participación de los acreedores comerciales en el proceso de reestructuración de deuda y, eventualmente, asegurar su representación en las futuras negociaciones con Caracas, según reportó la agencia de noticias Reuters.
Unificación de reclamos comerciales
La propuesta, que se presentará formalmente, tiene como meta convocar a compañías del sector construcción involucradas en proyectos de vivienda y vialidad, así como a firmas de servicios energéticos que acumulan años de retrasos en los pagos por parte del Estado.
William Barry, presidente de Miller & Chevalier Chartered y asesor legal de la iniciativa, explicó que el comité busca integrar tanto a inversores que adquirieron deuda como a titulares directos de reclamaciones y beneficiarios de laudos arbitrales. El propósito fundamental es resolver estas obligaciones de manera organizada y bajo un esquema de confianza mutua para todas las partes involucradas.
Una deuda que podría alcanzar los 240.000 millones de dólares
En mayo, Delcy Rodríguez anunció que se iniciaría un proceso de reestructuración de la deuda soberana y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), argumentando la necesidad de buscar un alivio frente a compromisos financieros que calificó como insostenibles.
Aunque la mayoría de los analistas del mercado calcula que las obligaciones pendientes de Venezuela oscilan entre los 150.000 millones y los 200.000 millones de dólares, informes del Financial Times señalan que la cifra real que se prepara para revelar el país podría alcanzar los 240.000 millones de dólares.
Este volumen de compromisos no solo abarca los títulos de deuda tradicionales, sino también laudos arbitrales derivados de la nacionalización de activos extranjeros, préstamos bilaterales y multilaterales, y deudas comerciales acumuladas con contratistas del sector público.
