El banco cree que el calendario político puede empujar la discusión sobre la deuda soberana hasta 2027. El retraso del análisis técnico y la incertidumbre institucional siguen pesando.
El calendario político reduce el margen para reestructurar la deuda soberana de Venezuela, según un informe de Barclays publicado el 9 de noviembre. A casi seis meses del anuncio de una iniciativa que el gobierno encargado calificó de integral y urgente, el análisis de sostenibilidad de la deuda sigue sin presentarse.
La lectura del banco coloca la negociación financiera dentro de una secuencia política que, si se cumple, alargaría el proceso hasta un eventual gobierno electo en las urnas.
Washington marca la ruta
El proceso depende de la hoja de ruta trazada por el Departamento de Estado de EE. UU., que contempla la posible designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia antes de que termine 2026 y la renovación del Consejo Nacional Electoral en el primer trimestre de 2027.
Después vendrían la declaratoria de una vacante presidencial permanente y elecciones generales en el segundo semestre de 2027.
Con esa secuencia, el gobierno encargado podría convertirse en un gobierno de transición de salida, con menos capacidad y menos interés político para asumir compromisos financieros de largo alcance. Si el calendario se cumple, Barclays estima que un gobierno elegido en las urnas podría ser el que culmine las negociaciones con los tenedores de bonos.
La deuda sigue bajo presión
Las elecciones legislativas de mitad de mandato dejaron a los demócratas con el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. Esos legisladores exigen transparencia y plazos definidos para los comicios en Venezuela y respaldan la reciente visita al país de la opositora María Corina Machado. También examinan los acuerdos petroleros bilaterales y los esquemas especiales de concesión a largo plazo, como el suscrito con Nabep.
Desde el análisis de crédito soberano, presionar por cerrar un acuerdo antes de las presidenciales no es necesariamente una ventaja para quienes tienen los bonos. Las negociaciones con plazos forzados podrían llevar al Estado a hacer concesiones desproporcionadas que comprometan su capacidad de pago a mediano plazo.
Un convenio que sacrifique la sostenibilidad fiscal por la velocidad podría perder credibilidad, elevar los rendimientos de salida y aumentar la probabilidad de una nueva cesación de pagos. Los títulos de la República y de Petróleos de Venezuela ya reflejan la incertidumbre política, con caídas de entre 6 y 7 puntos porcentuales en el último mes.
Un análisis técnico que aún no aparece
Las autoridades han dicho que publicar el análisis de sostenibilidad de la deuda es una prioridad, tras retrasos derivados de los sismos de comienzos de año. Arreaza y Keene señalan que la ausencia de ese marco técnico y la escasez de datos oficiales imponen prudencia, y que la distancia entre las proyecciones iniciales y lo que es viable en la práctica se hace cada vez más visible.
Las perspectivas de recuperación se mantienen constructivas, con un crecimiento del PIB en torno a 6% para 2026 y cercano a 10% para 2027. Pero la producción petrolera, superada la fase inicial de recuperación tras el bloqueo naval estadounidense, empieza a perder impulso.
El informe estima un aumento cercano a 250.000 barriles diarios en los próximos doce meses, para acercarse a la meta de 1,4 millones. El sistema eléctrico sigue siendo la limitación más crítica: los planes recurrentes de administración de cargas y racionamiento en varias regiones llevaron al Estado a arrendar dos barcazas de generación flotante, que aportarían temporalmente unos 200 megavatios en Zulia.
Para los autores, se trata de un paliativo que no sustituye una rehabilitación integral del parque eléctrico. Una parte significativa de lo que genere el aumento de la actividad petrolera tendría que ir a modernizar la infraestructura antes de traducirse, en términos netos, en más capacidad para pagar la deuda externa.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
