La próxima administración de Colombia enfrentará un panorama fiscal apretado: el déficit sería equivalente a 6,7% del PIB en 2026 y, si no se aprueban una…
La próxima administración de Colombia enfrentará un panorama fiscal apretado: el déficit sería equivalente a 6,7% del PIB en 2026 y, si no se aprueban una reforma tributaria ni recortes del gasto, subiría a 7,5% del PIB en 2027, según un análisis de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá.
Una herencia fiscal crítica
El estudio sostiene que la situación que recibirá el gobierno encabezado por Abelardo De la Espriella es delicada por la combinación de mayores presiones de gasto y un recaudo insuficiente. En ese contexto, la entidad considera que la tarea fiscal arrancará desde 2026 con dos frentes principales: una reducción del gasto y la aprobación de una reforma tributaria.
De acuerdo con el documento, el ajuste necesario será de gran magnitud y dependerá de una mezcla de mayores ingresos, contención del gasto y medidas que impulsen la actividad económica. El Banco de Bogotá advierte que cumplir las metas oficiales no será posible con una sola herramienta.
Gasto e ingresos, bajo presión
El análisis señala que la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo reconoce un escenario de ingresos más ajustado para 2026, pero considera poco realistas las previsiones de gasto. Bajo el supuesto de un recorte de COP$16,3 billones por la caída de la Ley de Financiamiento, la suspensión de la emergencia económica y la ausencia de nuevos ingresos corrientes, el gasto primario quedaría COP$31 billones por encima de lo proyectado por Hacienda.
Con ese panorama, la entidad estima que el balance primario en 2026 sería de 3,5% del PIB, similar al registrado en 2025. Para 2027, Hacienda espera medidas que aumenten el recaudo en 1,4% del PIB y un ajuste del gasto de 1,7% del PIB, una corrección que se ampliaría hasta 3,5% del PIB hacia 2030.
Petróleo e inflación más altos
El informe también destaca que Hacienda revisó sus proyecciones macroeconómicas para incorporar precios del petróleo más elevados por la prolongación del conflicto en Medio Oriente, además de presiones inflacionarias más altas.
El Banco de Bogotá considera que la cartera económica fue prudente al trabajar con un supuesto conservador sobre el crudo, mientras que el escenario de inflación luce optimista frente al consenso de analistas. Una inflación mayor implicaría más pagos de intereses por la indexación de los TES UVR, aunque también elevaría algunos indicadores fiscales medidos como proporción del PIB por efecto del mayor crecimiento nominal.
En el caso del petróleo, el análisis apunta a que un aumento sostenido en los precios podría traducirse en más ingresos fiscales para 2026 y 2027. Sin embargo, también podría presionar el gasto si se amplía el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Metas de ingresos y límite del recaudo
La entidad estima que la meta de ingresos para 2026 es alcanzable e incluso podría superarse. En su escenario base, el Gobierno cumpliría ese objetivo y podría registrar una sorpresa positiva de entre COP$2,0 billones y COP$5,0 billones.
El panorama cambiaría en 2027. Sin una reforma tributaria estructural, Hacienda calcula que los ingresos de la Nación llegarían a 15,9% del PIB, una cifra inferior a la de 2026. Entre las razones de esa caída figuran el fin de la emergencia económica, menores ingresos por comercio exterior y una actividad económica menos dinámica.
El Banco de Bogotá recuerda además que desde 2019 se han aprobado tres reformas tributarias y que, pese a ello, el recaudo pasó de 14% del PIB a 14,7% del PIB en 2025. Con ese antecedente, la entidad considera ambicioso pretender un aumento de 1,4% del PIB con una nueva reforma.
Más que subir impuestos
Para elevar el recaudo, el análisis sostiene que la discusión no debería limitarse a aumentar tarifas. También plantea revisar el gasto tributario derivado de exenciones, deducciones y tratamientos especiales, que Hacienda calcula en alrededor de 8,9% del PIB.
El documento agrega que cualquier estrategia de consolidación fiscal también debe incluir medidas para dinamizar sectores clave para el recaudo, como el minero-energético, el constructor y el financiero.
Un ajuste de gasto de gran tamaño
El Banco de Bogotá afirma que cumplir las metas fiscales exigirá un recorte importante del gasto primario, superior a 2% del PIB en el corto plazo y por encima de 3% del PIB en el mediano plazo.
La entidad calcula que el recorte supuesto asciende a COP$30,8 billones y que quedará en manos del nuevo gobierno. Sin embargo, considera poco viable ejecutar una reducción de esa magnitud en apenas cuatro meses, debido a que 46% del Presupuesto General de la Nación ya está comprometido y para agosto lo estará cerca de 70%.
En ese escenario, el gasto primario cerraría 2026 en 19,5% del PIB, por encima del 17,7% que proyecta Hacienda. Para estabilizarlo cerca de 17,2% del PIB, el estudio plantea que haría falta una reforma y/o medidas de reducción del gasto por aproximadamente 3,5% del PIB en el mediano plazo.
Más intereses y más deuda por manejar
Otro punto central del análisis es el incremento previsto en los pagos por intereses de la deuda. Después de ubicarse en 2,8% del PIB en 2025, el Banco de Bogotá proyecta que subirán a 3,2% del PIB en 2026 y a 3,9% en 2027. Desde 2028, volverían a superar 4,1% del PIB.
Por los vencimientos de deuda programados entre 2027 y 2030, la entidad prevé que la siguiente administración deberá seguir recurriendo a operaciones de manejo de deuda para reducir el riesgo de refinanciación y contener el costo de los intereses.
Déficits y caja en tensión
En su escenario central, el Banco de Bogotá estima que, si los ingresos cumplen la meta pero el gasto primario se ubica COP$31 billones por encima de lo previsto, el déficit fiscal primario sería de 3,5% del PIB y el déficit total alcanzaría 6,7% del PIB en el presente año.
Para 2027, sin reforma tributaria, el déficit primario subiría a 3,6% del PIB y el déficit total llegaría a 7,5% del PIB. Además, el análisis sostiene que, en la práctica, Hacienda dejaría al nuevo gobierno un ajuste fiscal total cercano a 5% del PIB en el mediano plazo.
El documento concluye que la próxima administración también heredará problemas de liquidez y deberá mantener distintos mecanismos de financiamiento, ya que el menor gasto en intereses y el bajo costo de las operaciones de manejo de deuda habrían sido temporales en 2025 y volverían a presionar las finanzas públicas desde 2026.
